Observatorio Ciudadano llama a las forestales a «asumir responsabilidades» por violencia

En el marco del homicidio de Segundo Catril en la comuna de Lumaco, el Observatorio Ciudadano emitió una declaración condenando el crimen e interpelando a diversas instituciones públicas y privadas a asumir su rol para terminar con la violencia en la zona.

La organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos destacó que el trabajador mapuche fallecido por un disparo y sus dos acompañantes que resultaron heridos tras una emboscada participaban de «una iniciativa impulsada por un dirigente mapuche, Santos Reinao, subcontratista de la empresa CMPC, que se dirigían al fundo Choque, un predio de propiedad de dicha empresa en el que habría un acuerdo entre las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu, para su reforestación parcial con bosque nativo«.

Ante este escenario y expresando una tajante condena al ataque, el Observatorio Ciudadano hizo un llamado a las instituciones del Estado a buscar la verdad y justicia en este caso. Asimismo, las llamó a hacerse cargo del problema de «la negación de los derechos colectivos del pueblo mapuche, en particular el desposeimiento de sus tierras de ocupación tradicional».

En la misma línea, apuntaron a las empresas forestales «presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, las que con cerca de 2 millones de hectáreas de monocultivos en esta parte del país han vulnerado por décadas los derechos fundamentales de este pueblo, incluyendo sus derechos de tenencia tradicional, el derecho a participar de los beneficios que dichas empresas generan y el derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo».

«Las instamos a abstenerse de desarrollar prácticas que han conducido a generar divisiones al interior del pueblo mapuche y sus comunidades, y a asumir la responsabilidad que tienen en la generación de la conflictividad y violencia en la zona, haciendo abandono progresivo de ella«, indicaron desde el Observatorio Ciudadano.

Luego, agregaron que «hacemos también un llamado a aquellas organizaciones del pueblo mapuche que reivindican el uso de la fuerza – y en algunos casos la resistencia armada – provocando en ocasiones, como lo han hecho por años los agentes del Estado, víctimas fatales, a abrirse al diálogo como forma de avanzar hacia soluciones a sus legítimas demandas basadas en los derechos colectivos que les asisten como pueblo».

«Finalmente, instamos a la sociedad civil nacional y regional, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a aunar esfuerzos para la construcción de un movimiento de paz basado, no en la defensa de privilegios de unos pocos, sino en los derechos humanos de todos los pueblos y personas que habitamos en esta parte del país, de modo de incidir más activamente en la generación de espacios de diálogo y entendimiento intercultural y plurinacional, urgentes para lograr una paz justa en esta parte del país», concluyeron.