Amnistía Internacional pide agilizar investigación por caso de trauma ocular del estallido

Amnistía Internacional (AI) solicitó este jueves al Ministerio Público de Chile agilizar la investigación sobre el caso de una adolescente víctima de trauma ocular producto de disparos presuntamente efectuados por la Policía, hecho ocurrido durante la ola de protestas que sacudió al país en 2019, en que aún no se identifica al autor ni Carabineros ha iniciado un sumario administrativo.

«Hemos venido a solicitar que se realice una investigación de manera exhaustiva, que se avance en las diligencias pendientes para esclarecer la responsabilidad de los autores de este grave caso de violaciones de derechos humanos», afirmó el director ejecutivo de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, desde la Fiscalía Metropolitana Sur.

Bustos enfatizó en la necesidad de «avanzar en el esclarecimiento de las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas en el estallido social y esclarecer particularmente la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros de Chile«, dos años después de acaecidos los hechos investigados.

Desde el organismo, que ha desplegado una campaña de visibilización del caso de la adolescente (de 15 años al momento del ataque), aseguran que la afectada se encontraba presenciando una manifestación pacífica en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana, cuando desde un vehículo policial un funcionario disparó perdigones, produciendo la pérdida total y permanente de visión en uno de sus ojos.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) compiladas por Amnistía Internacional (AI), a fecha de marzo de 2021 se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar policial durante la ola de protestas iniciada en 2019.

Carabineros cometió «graves violaciones de derechos humanos», que incluyeron uso excesivo de la fuerza, abusos en las detenciones y uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios para contener las protestas sociales, según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado a fines de 2019.