Augusto Pinochet | Archivo
Este histórico 4 de julio en que la ahora disuelta Convención oficializó la entrega de su propuesta de nueva Constitución para el país, coincide con la salida del Senado del dictador, hace exactas dos décadas.
Hace exactos 20 años, el 4 de julio de 2002, el dictador Augusto Pinochet dejó su cargo como senador vitalicio en el Congreso tras cuatro años de ejercicio, puesto que ocupó sin votación popular y en el que gozó de fueros y beneficios políticos, mientras se le acusaba de crímenes contra la humanidad.
La efeméride, prácticamente inadvertida, coincide con la presentación de la propuesta de una nueva Carta Fundamental que la mañana de este lunes realizó la ahora disuelta Convención Constitucional al Presidente Gabriel Boric, un paso histórico que busca dejar atrás la Carta Magna heredada del régimen pinochetista (1973-1990).
Pinochet llegó al poder tras un cruento golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, inaugurando 17 años de dictadura que dejaron un saldo de decenas de miles de torturados y más de un millar de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
Paralelo al despliegue represivo más grande que ha conocido el país, concentrado en la oposición de izquierdas, Pinochet instauró además un modelo económico ultraliberal de la mano de los «Chicago Boys», un grupo de estudiantes conservadores que se formó al alero del economista estadounidense Milton Friedman e impulsó la privatización de servicios básicos como la educación, la salud, las pensiones y el agua.
En 1980 se aprobó, sin registros electorales, una Constitución que le nombró Presidente del país hasta el 5 octubre de 1988, fecha en la que tuvo que hacer frente a un plebiscito en el que el pueblo de Chile decidió que no continuara en el poder.
Aún así, permaneció a la cabeza del Ejército hasta 1998, año en que pasó a ocupar un escaño vitalicio en el Senado y del que fue desaforado en el 2000 tras múltiples acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
En 2002, presentó su renuncia tras su sobreseimiento en el caso «Caravana de la Muerte» en la Corte Suprema, evitando enfrenta un nuevo proceso de inhabilitación ante el Tribunal Constitucional.
Chile inició el proceso constituyente como la vía política para canalizar la ola de masivas protestas contra la desigualdad que comenzó en 2019, las más grave desde el fin de la dictadura militar, con una treintena de fallecidos y miles de heridos.
El proceso constituyente es remarcado por algunos expertos como el «fin de la transición» desde el retorno de la democracia y da un giro al carácter del Estado chileno, pasando del rol subsidiario a uno de bienestar social parecido al europeo.
En una histórica ceremonia, Boric recibió un ejemplar del texto, que declara a Chile un Estado Plurinacional y consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.
Crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medioambiente y engrosar los derechos de los pueblos indígenas son algunos de los temas principales de la propuesta.
Los habitantes de Chile tendremos desde hoy dos meses para estudiar el texto redactado durante un año por un órgano con escaños reservados para indígenas y paridad de género -el primero de su tipo en el mundo-, y decidir el 4 de septiembre si estamos satisfechos con él o si preferimos mantener la actual Constitución.
Pese a que la opción de aprobar el nuevo texto en el referéndum de voto obligatorio fue la favorita durante los primeros meses de trabajo de la Convención, en los últimos tiempos no hay una tendencia clara y algunos sondeos muestran una mayor preferencia por rechazarlo.
La derecha, que consiguió menos de dos tercios en la Convención constituyente, se inclina por votar contra de la propuesta, mientras que la izquierda oficialista se inclina por darle luz verde al texto.
