Del PC a la UDI: 30 parlamentarios usaron asesores pagados por el Congreso para su reelección

“Queda prohibido que con cargo a las asignaciones parlamentarias se financien actividades electorales o de campaña, propias o de terceros”. Esa es la norma fijada por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para establecer con claridad en qué se pueden utilizar los casi $20 millones que se destinan mensualmente a cada congresista para ejercer su trabajo legislativo. Sin embargo, pese a la advertencia, la disposición evidentemente se pasó por alto en el contexto de las últimas elecciones parlamentarias.

Así lo verificó una investigación de Ciper que reveló que 30 senadores y diputados que se presentaron a las elecciones parlamentarias de 2021 ocuparon para sus campañas asesores pagados con dinero público del Congreso Nacional.

“Estos colaboradores han sido contratados directamente por el Senado o la Cámara para apoyar a los parlamentarios en su labor legislativa, pero entre septiembre y noviembre del año pasado, se desempeñaron también como jefes de campaña o administradores electorales”, asegura el medio.

En su defensa, la mayoría de ellos aseguró que el personal prestó servicios para su campaña fuera del horario laboral destinado a la asesorías legislativas, lo que ocurre sin que ni la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado tenga la facultad de fiscalizar las jornadas de estos funcionarios. Menos cuando ellos se desempeñan en distritos o circunscripciones.

En el detalle, el artículo confirma que 12 asesores de parlamentarios recibieron sus honorarios de las arcas del Congreso, mientras que paralelamente cobraron por su labor en la campaña electoral, lo que quedó registrado en el Servicio Electoral (Servel). En el caso de los 18 restantes, desarrollaron su el trabajo electoral sin cobrar por esta labor de carácter extraordinario.

Respecto de los parlamentarios en ejercicio involucrados, en la nómina aparecen los nombres de Iván Moreira (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Gastón Saavedra (PS), Paulina Núñez (RN), Esteban Velásquez (FRVS), Matías Walker (DC), Andrés Celis (RN), Eduardo Durán (RN), Jorge Durán (RN), Gael Yeomans (CS), Marisela Santibáñez (PC), Catalina Pérez (RD), Maite Orsini (RD), Jaime Naranjo (PS), Jaime Mulet (FRVS), Cristhian Moreira (UDI), Emilia Nuyado (PS), Joaquín Lavín (UDI), Cristian Labbé (UDI), Marcos Ilabaca(PS), Ximena Ossandón (RN) y Erika Olivera (RN).

Y el listado de diputados que compitieron por un cupo en la Cámara, pero perdieron, lo integran Sandra Amar (UDI), Karin Luck (RN), Luis Pardo (RN), Camilo Morán (RN), José Miguel Castro (RN), Andrés Molina (RN), Virginia Troncoso (UDI) y Marcela Hernando Pérez (PR).

Orsini, Mulet y Naranjo incorporaron a más de un asesor

En el caso de los diputados Naranjo, Mulet y Orsini sumaron a más de un asesor a sus campañas, mientras que Ximena Ossandón encomendó «a su jefe territorial parlamentario la labor de administrador de campaña» y además «facturó $20,6 millones a una empresa constituida por la cónyuge y el hijo de ese asesor: Sayan Producciones”.

Esta sociedad quedó registrada en el Diario Oficial previo al inicio de la campaña y además cobró otros $27 millones por servicios prestados a otros candidatos a diputados y consejeros regionales de RN, la DC y la UDI.

Desde el equipo de Orsini, quien hasta mayo de este año tenía contratados a ocho asesores y en periodo de campaña destinó a tres de ellos a trabajos electorales, defendieron la práctica a la que apeló la parlamentaria, asegurando a Ciper que “no se realizó ningún pago con fondos parlamentarios a funciones de campaña».

«Las personas que nos mencionan mantenían relaciones laborales previas al periodo de campaña y continuaron haciéndolo posterior a ello. Es decir, ninguna fue contratada para la campaña. Respecto al periodo de campaña, algunos miembros del equipo prestaron servicios a honorarios, labores que fueron desempeñadas fuera de su jornada laboral (después de las 19:00 en días de semana y fines de semana) y fueron pagados con fondos de campaña, sin destinar ni un peso del presupuesto parlamentario a gastos electorales”, sostienen.

Y en el caso de Paulina Núñez (RN), su principal asesor en el Congreso, Marco Antonio Luza, también operó como su administrador de campaña, una labor que la parlamentaria argumenta asegurando que en la ley electoral solo existe impedimento para que funcionarios públicos desempeñen ese rol. E incluso dijo que el reglamento de la Cámara de Diputados no establece incompatibilidad respecto de que personal de apoyo legislativo no pueda ejercer labores como administrador electoral.

“Sin perjuicio de lo anterior y sin haber infringido norma alguna, me parece prudente una modificación a la norma o al menos al reglamento en la línea de un permiso sin goce de sueldo o derechamente una inhabilidad de asesores de parlamentarios que vayan a su reelección. Estaría disponible a apoyarla”, sostuvo luego.

Para Nuyado (PS), que tiene como asesora a Gloria Huanquilen, quien también fue su administradora de campaña, esta práctica debiera normarse. De hecho, alude incluso a la desventaja en que se encuentran los candidatos que no disponen de un equipo pagado por el Congreso. “Hay que revisarlo. Fui por primera vez diputada con precarios recursos y no tenía ningún equipo ni personal que pudiera hablar en mi nombre. Lo tenía que hacer en una competencia muy distinta a la de parlamentarios con asignaciones”, sostuvo al respecto.

El caso de Walker y su asesor de media jornada

Destaca también la situación del exdiputado Matías Walker (DC), actual senador por la Región de Coquimbo, quien tuvo al abogado Juan Francisco Báez como su principal asesor. El profesional también asumió responsabilidades como administración de campaña para el parlamentario falangista, un trabajo por el que emitió dos boletas por un total de $2.000.000.

El ahora senador se refirió a estos hechos asegurando que él siempre ha estado “llano a otorgar altos estándares de transparencia tanto en esta materia como en otras” y que para él es una obligación garantizar lo que establece el Consejo Resolutivo de Asignaciones respecto al uso de los recursos fiscales. Sin embargo, argumentó que “el cargo de administrador electoral viene a ser de gran responsabilidad, involucrando directamente su rol y el de la respectiva candidatura, por lo que resulta lógico poder contar con una persona de absoluta confianza para cumplir dicha tarea”.

Y agregó que asesoría de este profesional en el Congreso es de media jornada. “Juan Francisco Báez es abogado, con 12 años de titulación y trabaja con contrato de media jornada desde que asumí como diputado, y con experiencia en ley de financiamiento de campañas políticas”.

De acuerdo con el registro, la remuneración del asesor de Walker, cuando integraba la Cámara, llegaba a $1.900.000 por media jornada.

Y en cuanto al diputado Cristián Labbé (UDI), dijo haber consultado antes de incurrir en este práctica. “Al Servel yo le pregunté si una persona que estaba trabajando conmigo puede ser administrador electoral y me dijo que no había ninguna inhabilidad. Se trata de una persona de confianza que me administró la campaña”, se defendió.

“A raíz de todas estas dudas y para mayor transparencia, lo ideal sería legislarlo, al igual como debiéramos legislar las funciones de otros administradores y otros funcionarios públicos, para que cada día sea más limpio el proceso. Estoy totalmente dispuesto a legislar para que los asesores, en momentos de campaña, o deban renunciar o no puedan ser asesores de campaña”, aseguró.