Embajadora Bárbara Figueroa. | Foto: Agencia Uno.
La representante chilena ante el gobierno de Argentina se refirió al Plebiscito de Salida y destacó la importancia que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.
La embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, concedió una entrevista al diario trasandino Télam, donde abordó el proceso de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, así como también a la opción de que Chile, Argentina y Bolivia logren un acuerdo para explotar litio en forma conjunta entre los tres países.
En nuestro país es reconocida como la primera mujer en presidir la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una trayectoria que la puso en el centro de las críticas de sectores opositores y conservadores nacionales desde que su nombre figuró como representante diplomática, un cargo que finalmente asumió a fines de marzo de este año.
En cuanto a la propuesta de nueva Constitución, la representante diplomática destacó la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“Creo que por el tono que ha adquirido este debate en Chile hay que ser tremendamente cuidadosos, sobre todo desde el rol que a mí me toca jugar hoy día, cuya prioridad es el vínculo bilateral”, sostuvo.
Asimismo, añadió que “sostengo que lo central es no perder el eje de la discusión. Desde el estallido iniciado el 2019, que abre la puerta a este acuerdo institucional del 15 de noviembre de 2019, la posterior elección de convencionales y todo el proceso constituyente, transcurrieron casi tres años en medio de una enorme expectativa, ante la urgencia de cambios y frente a una institucionalidad muy desacreditada”.
Otro punto que abordó Figueroa es sobre las críticas y las encuestas previas que han evidenciado los obstáculos que ha tenido la opción Apruebo en los últimos meses.
“Nadie podía pretender que no iba a haber crítica, por el descrédito de nuestra institucionalidad, el problema es que esto que naturalmente podía ocurrir se terminó transformando en un instrumento de quienes no querían cambios y en parte de su relato para poder ir horadando”, explicó la embajadora.
En tanto, fue enfática en recalcar que “cuando se habla de la institucionalidad hay que entender que no solo abarca los partidos políticos, es el Estado, las organizaciones tradicionales que tienen relación con el Estado, es el Parlamento, el Poder Judicial, es decir, hay una fractura entre la ciudadanía y toda esa institucionalidad que aún existe y es parte de lo que tenemos que sanar, recuperar y fortalecer”.
Consultada acerca de que si las “fake news” han influido en la percepción de la ciudadanía hacia el nuevo texto constitucional, afirmo que “creo que sí. Lo central es entender que lo estamos discutiendo hoy día es si ese texto constitucional propuesto, si lo que está plasmado ahí, responde o no al espíritu de aquello que le dio sentido al momento constituyente, es decir, el estallido social, que algunos hemos identificado como el punto de inflexión en un proceso de acumulación de luchas que no tuvieron respuesta y que derivaron en esta explosión orgánica e inorgánica”.
Otro de los puntos que abordó Bárbara Figueroa fue el nexo comercial histórico que existe entre Chile y Argentina, donde ambos países se abrieron a trabajar de manera conjunta en la explotación del litio.
El aspecto principal es realizarlo bajo el respeto al medio ambiente, uno de los puntos que quiere dejar en claro el gobierno del Presidente Gabriel Boric, y en el que también está la idea de incluir a Bolivia.
«Lo que hagamos en materia de integración bilateral, sólo tendrá sentido y razón si le llega a todos, si beneficia al ciudadano de a pie«, explicó la embajadora.
“Chile y Argentina tienen el privilegio de poseer litio, que podríamos explotar de manera conjunta en el triángulo del litio, integrado por Argentina, Bolivia, Chile. Pero es fundamental que la protección de los ecosistemas, los océanos, y que el cuidado de las comunidades esté en la mesa de negociaciones de esa extracción, una exigencia para quienes quieran invertir, mientras el Estado resguarda la soberanía sobre estos procesos, además de hacerse cargo de garantizar derechos de los trabajadores implicados, para que accedan a su actividad en condiciones de dignidad”, cerró.
