Día clave: Cámara vota el fin de la denominada “Ley Longueira” este lunes

Este lunes 8 de agosto, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, revisará, deliberará y votará el proyecto que busca la derogación total de la Ley de Pesca, conocida como la «Ley Longueira».

El tema aparece en el primer lugar de la tabla de la sesión programada desde las 17 horas, y será tramitado a casi un año que las comisiones unidas de Constitución y de Pesca despacharan el informe que recomendaba esta moción.

“No anular una ley aprobada con corrupción y que entregó derechos de pesca a perpetuidad a 7 familias, es legalizar la corrupción”, señaló el diputado de Revolución Democrática (RD), Jorge Brito,  agregando que el actual marco legal reviste “un atentado a la democracia y al Estado de Derecho”.

Muy cuestionada en el mundo político y en la población, hace 10 años, el gobierno de Sebastián Piñera promulgó esta iniciativa, pese a las acusaciones de vinculación con grandes empresas, como Corpesca, en perjuicio de los pequeños pescadores artesanales.

Esto, porque durante su tramitación en el Congreso, diferentes reportajes dieron cuenta de las presiones que los grupos económicos de la gran pesca industrial hicieron a parlamentarios a los que financiaron sus campañas.

Pese a protestas de ciudadanos y, sobre todo, de pescadores, la ley fue promulgada en el año 2013 por Piñera y cuando Pablo Longueira era su ministro de Economía, para luego conocerse que empresas redactaron párrafos completos de la iniciativa, pagando a parlamentarios que entonces militaban en la UDI como el exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi, ambos condenados por la justicia. De hecho, Orpis se transformó en el primer político en la cárcel por un caso de corrupción.

Sin embargo, el diputado Brito acusa que el «principal responsable de esto es el expresidente Sebastián Piñera, aunque a muchos les incomode».

De aprobarse en la Cámara, el proyecto que deroga la “Ley Longueira” ahora deberá ser visto en el Senado.

Una vez aprobada la nulidad por el Congreso, el plazo para que la nueva ley entre en vigencia será a más tardar de dos años, periodo que se ha dispuesto para su tramitación.

El gobierno, en tanto, ya se comprometió a entregar un primer borrador a fines de este año que contará con una amplia participación de todos los actores, precisan sus promotores.