Interior pierde demanda y deberá pagar $50 millones a abogado por despido injustificado

Una sentencia emitida durante este martes por el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco mandata al Estado a pagar más de $50 millones de pesos por despido injustificado, a el ex coordinador de la División Jurídica de la Subsecretaria del Interior en la Macrozona Sur.

En la demanda interpuesta por el exfuncionario Sergio Arévalo, se acusa que su despido fue injustificado, tras ser desvinculado de su cargo en abril de este año, por medio de una carta firmada por el titular de la subsecretaria, Manuel Monsalve.

De la misma forma, la acusación afirma que el despido fue «ilegal y arbitrario», ya que cada 1 de enero el contrato del abogado se renovaba automáticamente por un periodo anual, situación que no ocurrió este año al extenderse por solo 90 días el vínculo laboral.

Según dio a conocer BioBio Chile, los montos de la indemnización corresponden a $11,5 millones por los cuatros de servicio prestados; $5,7 millones por el incremento del 50% establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo, que se aplica en caso de despido injustificado; $2,8 millones correspondiente a indemnización sustitutiva; $3,2 millones por feriados proporcionales; y por último el finiquito de cotizaciones previsionales y salud, monto que supera los $30 millones.

La desvinculación del profesional se dio en el marco de una serie de despidos registrados en la División Jurídica de la subsecretaria de la Macrozona sur.

Uno de los casos que resaltan, es el del abogado Luis Martínez Pezo, quien fue desvinculado tras no realizar un trámite de importancia en la causa del homicidio del suboficial de Carabineros, Francisco Benavides.

De la misma forma, profesionales de la misma división encargados de importantes casos, como ataques incendiarios o la llamada “Operación Huracán”, fueron apartados de la repartición de la subsecretaria del Interior.

Cabe recordar que Interior también removió a un abogado que lo representaba tras cometer un error que dejó fuera al ministerio como querellante en la causa por la “Operación Huracán”.