Jackson califica como “un show triste” la querella por imprimir la nueva Constitución

Luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella que se presentó en contra de quienes resulten responsables, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en la impresión de copias de la propuesta de nueva Constitución, la respuesta del ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson, fue tajante.

“Esta querella es un show triste en términos políticos y constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como del Ministerio Público con evidentes fines electorales”, dijo el ministro desde el Congreso.

El ministro aclaró que esta no es una investigación que la Fiscalía abra de oficio, sino se hace a solicitud de un parlamentario de oposición, el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval. Además, desdramatizó que haya sido acogida a trámite por la justicia, dado que solo significa que cumple con los requerimientos formales.

Pero Jackson fue al fondo del tema, cuestionando la “irresponsabilidad” de llevar un tema como éste ante la justicia, considerando que se da en momentos en que tanto tribunales como la Fiscalía se ven “todos los días sobrepasados, con mucho trabajo para perseguir el delito. “En este contexto que un parlamentario acuda a estas instancias, a sabiendas que acá no hay ninguna ilegalidad (…) es un show triste con fines electorales”, remató

Consultado si hay malversación de recursos públicos, como alega el diputado republicano, e secretario de estado fue enfático: “Lo descarto de manera tajante y completa”.

Cabe consignar que el requerimiento fue presentado por el diputado Irarrázaval busca impugnar la impresión de 700 mil ejemplares de la Carta Magna redactada por la Convención Constitucional, con fondos que superan los $400 millones.

“La Segpres puede utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional. Cuando se contrató la referida impresión, la Convención Constitucional ya no existía, toda vez que con fecha 04 de julio de 2022 había sido declarada disuelta, por ende, no es un gasto para su funcionamiento”, indica la querella, revelada por el diario La Tercera.

En ella se deja de manifiesto que el 21 de julio del presente año, la subsecretaria Macarena Lobos firmó la resolución exenta Nº 664 donde se autorizó el pago de la suma de $444.615.384, para que el proveedor Sistemas Gráficos Quilicura S.A. hiciera la impresión y distribución de los ejemplares.

La querella va dirigida contra “todos quienes resulten responsables del delito de malversación”, pero apunta directamente al ministro Giorgio Jackson, quien ya fue requerido por Contraloría por contravenir la presidencia ante el Plebiscito.

La querella está en manos de la Fiscalía Centro Norte, entidad que ya abrió una causa penal por este tema.

“Ocurrió un delito”

Al respecto, el diputado de extrema derecha, Juan Irarrázaval, expresó al medio antes mencionado que “acá ocurrió un delito: Se malversaron fondos públicos. Habiendo una prohibición expresa de imprimir, se mandó con urgencia y a un proveedor directo”.

“Tres faltas en una. Por lo que ahora que la querella fue acogida a trámite, nosotros vamos a insistir y agotar todas las instancias, administrativas y penales, para exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en estos actos de intervención electoral e incorrecta utilización de recursos públicos”, añadió.