Fiscal de La Araucanía y situación de Llaitul: “La ampliación de la querella fue relevante”

Tras la formalización de Héctor Llaitul y su prisión preventiva, el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, insistió en aclarar que lo que el Ministerio Público está indagando no se vincula a la ideología del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), sino expresamente a su despliegue en terreno, lo que se circunscribe a hechos específicos.

«No estamos persiguiendo la forma de pensar de ninguna persona, sino que acciones que están descritas en la ley como constitutivas de delito», precisó el fiscal respecto al líder mapuche detenido este miércoles en Cañete por la PDI y formalizado este jueves por cinco grupos de hechos, correspondientes a delitos considerados en la Ley de Seguridad del Estado, hurto de madera, usurpación violenta y atentado contra la autoridad.

En este contexto, Garrido comentó algunos detalles de la indagatoria contra el dirigente mapuche para el que el tribunal determinó prisión preventiva y un plazo de 30 días de investigación.

«Si uno considera el conjunto de las imputaciones y la descripción de hechos hay bastante coherencia y eso fue lo que reconoció el tribunal el día de ayer», dijo en diálogo con T13 Radio, emisora en la que además confirmó que una vez que se termina la investigación, está regulado cómo proceder a la destrucción de evidencia en los casos de evidencia material reunida u otro tipo».

Paralelamente, en conversación con Radio Infinita, Garrido se refirió al tiempo establecido para la investigación, planteando que se trata de «un plazo breve, pero es una investigación que tiene dos años de extensión. El último informe que recibimos de esta investigación es del lunes de esta semana, por lo tanto, consideramos que ahí estábamos en condiciones de formalizar la investigación y de acusar en un plazo muy breve».

«Hay algunas diligencias que se van a realizar que no podían realizarse por la reserva del caso, vamos a disponer de los funcionarios y los fiscales del Ministerio Público de la región para actuar lo más rápido posible, porque nos interesa resolver este caso en un tiempo breve. Es el mismo plazo que pidió la defensa y con los antecedentes que tenemos nos parece que no vamos a tener inconvenientes en cumplir con ese plazo”, subrayó.

Y en cuanto al trámite efectuado por el gobierno hace un par de semanas, Garrido aseguró que «la ampliación de la querella fue un antecedente relevante, porque permitió incorporar hechos que no estaban considerados, además se solicitaron algunas diligencias que nosotros acogimos y también por la forma en que se solicitó esa ampliación de querellas, haciendo alusión a la autorización al Ministerio Público para investigar todos los hechos de la misma naturaleza que ya se habían denunciado, entendemos que nos habilitaba para incluir hechos en los que inicialmente podía haber algunos problemas procesales porque no eran hechos que estuvieran denunciados explícitamente».

En otro ámbito, aclaró que «respecto de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, no hay una gran jurisprudencia. Es una ley excepcional de aplicación no tan frecuente, entonces es una complicación mayor trabajar sobre un tipo penal con el que uno está habituado, además tanto la doctrina como los jueces no han fijado con claridad, cuáles son los límites, entonces tomamos la experiencia no sólo de la condena anterior que tenía el señor Llaitul, sino también de otros casos donde la Fiscalía había intentado una imputación por el mismo delito y el resultado había sido absolutorio».