Director de Migraciones desmiente a la oposición y respalda a Boric en caso de expulsiones

Esta mañana el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, conversó con Duna, emisora en la que comentó la crisis en este ámbito que enfrenta el país, aludiendo a contingencias como la suscitada el fin de semana en el sur, donde un grupo de extranjeros protagonizó una violenta agresión a personal de Carabineros, lo que redundó en el anuncio de Gabriel Boric de que, en el caso de que personas foráneas estén cometiendo delitos en Chile, serán expulsadas.

«Lo que dijo el Presidente es lo que señala la ley. La ley establece que quienes tienen antecedentes penales o han cometido delitos, deben ser expulsados”, aseguró.

En cuanto al procedimiento para materializar la salida de Chile de estas personas, detalló que actualmente “hay dos mecanismos de expulsión. La judicial que decretan los tribunales de justicia, personas condenadas que solicitan la conmutación de la pena y la expulsión administrativa que tiene diversas causales y consideraciones y dentro de esas causales está el delito. Por eso, lo que dijo el Presidente es exactamente lo que dice la ley».

Y agregó que, por otra parte, están “quienes se encuentran en situación irregular inmigrantes han cometido delitos, deben ser expulsados (…) Las personas que están en situación irregular, son en torno a 130 mil que están en irregularidad por ingreso clandestino, según las estimaciones que podemos hacer a través de la PDI, pero hay otro grupo importante que son lo de irregularidad sobrevenida, que ha entrado regularmente al país, ha perdido sus papeles porque no ha podido conseguir un contrato de trabajo, no ha podido pagar las multas, esas personas que están en nuestro sistema, que entraron de forma regular. El llamado es a que se regularicen, que se acerquen al servicio y si tienen que pagar una multa, que paguen. Si no pagan y no tienen cómo hacerlo, el mensaje del Presidente es claro, se tienen que ir”.

Ateniéndose a la normativa vigente, Thayer aclara cómo se procede respecto de las personas en situación de irregularidad en nuestro país. “La ley establece un sistema de expulsión ordinario, que es el que emite el Servicio Nacional de Migraciones. Nosotros notificamos a las personas que están en causal que se inicia el procedimiento. Esas personas tienen 10 días para presentar descargos administrativos para hacerlo, si luego de esos 10 días se les decreta la ley, tienen otros 10 días para presentar recursos en tribunales. Si el tribunal no falla a favor de ellos, se materializa la expulsión, ese es el procedimiento que establece la ley”, detalla antes de comentar algunas modificaciones que el Ejecutivo busca introducir en este ámbito respecto del cual desde La Moneda ya comenzaron las gestiones para materializarlos, con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de Interior, Carolina Tohá, a cargo del tema.

Específicamente, el gobierno presentó un proyecto para otorgarle mayor fluidez al procedimiento de expulsión que, por razones administrativas, es lento y poco efectivo.

La idea es, en palabras de Thayer, desburocratizarlo. “Por otra parte, el subsecretario del Interior tiene la facultad, en casos donde haya un atentado contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, como es una agresión a carabineros, de proceder de manera excepcional sin el procedimiento”.

Las palabras del director del servicio apuntan directamente a lo sucedido el fin de semana en Puerto Montt, donde funcionarios de la entidad liderada por Ricardo Yáñez fueron agredidos por extranjeros durante un procedimiento que terminó con la detención de más de una decena de victimarios.

“Este es el procedimiento que se va a aplicar con estas 13 personas”, confirmó.

Paralelamente, Thayer insistió en que vía expulsiones no se “va a resolver el problema de la violencia, evidentemente tenemos que expulsar a las personas que están en causal, pero tenemos problemas profundos de integración, de relación en las comunidades, de tensiones que se están dando no sólo por delitos, la mayoría de inmigrantes no comete delitos en este país, pero tiene dificultades en términos de escasez de servicios”, detalló admitiendo que estas variables van socavando el vínculo, “tensionando relación con las comunidades locales y ahí tenemos un problema importante que abordar».

Respecto de migrantes que se involucran en la comisión de actos delictuales, Thayer insistió en que se ha configurado “un cambio en la configuración del delito (…) ahí también tenemos un problema”.

Thayer descarta desmantelamiento del servicio

Por último, Luis Eduardo se refirió a los cuestionamientos de la oposición, desde donde han surgido voces críticas respecto del servicio que lidera, apuntando a que este se está desmantelando para generar cargos para la coalición de gobierno.

“Eso no es así, es absolutamente falso (…) han continuado directores regionales (y otros) han salido. Nos presentaron la renuncia cuatro, dos se mantienen de la administración anterior y hay en torno a 10 que fueron notificados, no cambiados porque esto es Alta Dirección Pública, estos directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones, fueron nombrados en la administración anterior, sin concursos. La ley establece que ahí debe haber un concurso público y la gente que se nombró no era gente que se nombró no era gente que pertenecía a la antigua gobernación, venía de afuera. Y esa gente, em muchos casos estábamos teniendo dificultades con la forma en que estaban desarrollando la gestión en el servicio, entonces hay un calendario que está en proceso”, dijo aludiendo a los concursos de Alta Dirección Pública que se encuentran en marcha.

Respetando el protocolo, Thayer defendió el procedimiento atendiendo a la necesidad de dotar al servicio que lidera de personal competente como el que actualmente está subrogando a quienes dejaron estos cargos en vías de ser ocupados.

“Los concursos están en proceso, en ningún caso hay un desmantelamiento, eso es una distorsión completa de la realidad”, dijo desmintiendo a la oposición.