Alertan crítica situación en atención de niños, niñas y adolescentes en corporaciones

Miles de causas en el aire, falta de presupuesto y cientos de abogados sin especialidad obligados a representar en tribunales a niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos es como resume la FENADAJ, Federación que representa a más de dos mil trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial (CJA), la crisis que enfrentan en la asignación de curadorías desde que el programa de atención del Sename fue reemplazado por el nuevo Servicio de Protección de la Niñez, en octubre de 2021.

Así lo advirtió el presidente de la federación, Marcelo Inostroza, al explicar que la crisis comenzó cuando las corporaciones judiciales tomaron la posta del Programa de Representación Judicial (JPR) del ex Sename, asumiendo mayoritariamente las curadorías ad litem, llamadas así a las representaciones legales de menores, en vigencia “sin presupuestos actualizados, capacitaciones, insumos, implementos ni asignación de más cupos para abogados, cuyo perfil profesional es de alta especialización debido a que deben tramitar materias complejas en familia y penal”.

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Aunque Inostroza dice que los funcionarios reconocen los esfuerzos del Estado, que en septiembre inyectó a la línea La Niñez se Defiende cinco mil millones de pesos, “no constituye la solución definitiva al problema de las asesorías para los NNA vulnerados en sus derechos hoy en el país”, insistiendo en que se le debe dar la real prioridad que amerita este grupo social.

“Según estimaciones que conocemos, hacerse cargo significaría destinar un presupuesto similar a la de la Defensoría Penal Pública”, informó.

Para el 2019, el presupuesto de las cuatro CAJ del país alcanzó los $46.651.759 millones, cifra que ya contrastaba con los $59.836.575 millones de la Defensoría Penal Pública y los $149.681.521 millones del Registro Civil.

QUÉ ES LA CURADORÍA AD LITEM

La curadoría es la representación legal a la que tienen derecho NNA ante los tribunales cuando se vulneran sus derechos, causas que según la FENADAJ pasaron de 350 por abogado en promedio a casi 515 durante el primer semestre del cambio de normativas.

“Esto ha significado colapso en algunas áreas por estas nuevas miles de causas de familia ingresadas, pero también en la atención en materias laborales, penales y civiles que históricamente hemos prestado, gratuitamente, a los sectores más vulnerables del país”, agregó Inostroza.

Cabe destacar que en año normal, las CAJs atienden un universo de 700 mil personas vulnerables con problemáticas judiciales en Chile con un presupuesto anual de $55 mil millones.

Para el año 2019, en promedio cada atención no superaba los $72.000 de presupuesto que asigna el Estado a los más pobres que buscan justicia.

REGIONES

Aunque las situaciones más complejas se registran en las unidades de las comunas de Puente Alto, San Miguel y las provincias fuera de Santiago, en el norte del país se acusan casos extremos, como el consultorio de Alto Hospicio, Iquique, donde solo una abogada tiene asignadas 1.300 causas entre las habituales y curadorías.

Rosa Chipoco, jefa de dicho Consultorio Jurídico Multimateria de competencia común, precisa que las curadorías superan las 1.000 para una planta de cinco abogados, no todos con jornada completa.

“Tenemos causas de divorcios, desalojos y otra serie de situaciones más que han quedando prácticamente postergadas para dar respuesta a las audiencias de causas proteccionales. Es una situación súper compleja porque nos exponemos a multas y hasta cárcel por desacato si no llegamos a una audiencia”, enfatizó.

Según calcula la abogada, en Alto Hospicio hoy las curadorías representan el 80% del total de las causas. “Claro que estamos afectando a los otros usuarios del sistema porque entre los trámites que les corresponde a un curador no solamente está la representación legal, sino que también acompañar al NNA a entender su contexto, visitarlo”, asegura.

ATENCIÓN MULTISECTORIAL

En la práctica, asumir estas curadorías se está traduciendo para los abogados en entrevistar a los niños vulnerados sin herramientas profesionales, visitarlo en terreno, ir al colegio, hablar con profesores e, incluso, con directores de consultorio de salud y “hasta trabajar en la re vinculación del niño con su papá, cuando no somos psicólogos”, explicó Chipoco desde Iquique.

“No damos abasto. Sabemos que hay casos que han quedado sin representación jurídica por la sobrecarga de trabajo en los consultorios jurídicos”, reconoció Rosa Chipoco.

ABOGADOS ESPECIALIZADOS

La saturación del sistema es advertida por los dirigentes de las CAJs debido a que el proceso de traspaso de estas causas se cumplió a lo largo de las 345 consultorios de las CAJs del país, muchos de los que no tienen un abogado especialista en tema de familia e infancia.

Antes del colapso, estos temas eran abordados casi exclusivamente por el Programa Mi Abogado, unidad especializada para la atención interdisciplinaria con trabajadores sociales, psicólogos, técnicos jurídicos y personal administrativo.

“Pero las CAJs, para estas curadorías de alta complejidad, profundo estudio y largo seguimiento, no están preparadas”, agregó Marcelo Inostroza.

INFRACTORES DE LEY

El dirigente se refiere a procesos judiciales donde la representación legal a favor de NNA busca defenderlos y rescatarlos de situaciones de abuso, maltrato, vulneración de derechos generados por falta de familia o persona responsable del cuidado; omisiones en su cuidado personal; inhabilidad transitoria o permanente, conductas peligrosas para su vida, integridad física o psíquica, entre otras cuestiones que incluyen a los NNA infractores de ley.

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CIFRAS DURAS

En el 2017, mientras el entonces Sename atendía por designación de curadores ad litem desde el Programa de Representación Jurídica, Oficina de Protección de Derechos y direcciones regionales un total de 56.179 causas; las CAJs recepcionaban desde los consultorios jurídicos, centros de atención a víctimas y representación jurídica de NNA 12.656, es decir, un cuarto del total de abordajes.

Y para el 2018, el Programa de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes con régimen de protección con modalidades de cuidado alternativo, a través de convenios con las Corporaciones de Asistencia Judicial, significó un presupuesto de $2.689.926.000 para la cobertura de 1.930 NNA.

VÍCTIMAS ABANDONADAS

Entre las vulneraciones de derechos que más notoriamente están afectando a los niños hoy son situaciones de bullying que enfrentan los NNA migrantes, abandono, no escolarizados; abusados sexualmente e incluso infractores de ley.

EFECTOS DEL CIERRE DEL SENAME

El PRJ, que era el programa del ex Sename, mantenía en todas las regiones del país centros enfocados a la curadoría de alta complejidad. Sin embargo, a partir del 2021 cuando se cierra el PRJ, Justicia entregó esas causas a las CAJs, repartidas en algún número al Programa Mi Abogado, pero la gran mayoría asignadas a los consultorios jurídicos multimaterial de competencia común cuyo perfil de abogados no cuadra con los casos abordados.

PREOCUPACIÓN GREMIAL

“Estamos preocupados del tema y así lo venimos manifestado desde hace más de un año a la mesa del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, la Asociación de Magistrados, el ex Sename, el ahora Servicio Mejor Niñez. Creemos que el esfuerzo tiene que ser mayor de todos los actores, no solo nuestro”, dice Inostroza.