Diputadas escalan hasta la Corte Suprema reclamo por test de droga obligatorio

Dado que el 25 de octubre pasado la Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó un requerimiento de las diputadas oficialistas, Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardia, contra el test de droga obligatorio que se aplica en la Cámara de Diputadas y Diputados desde hace un par de meses, este miércoles las parlamentarias anunciaron acciones en otro nivel.

Específicamente, las diputadas decidieron recurrir a la Corte Suprema, detalla La Tercera.

«La sentencia (de Apelaciones) yerra al señalar que el Reglamento fue dictado en el ejercicio de las atribuciones que se le confieren a la Cámara de Diputados por el artículo 4 de la LOC del Congreso Nacional, lo que descarta su ilegalidad, pues la ilegalidad se funda en la necesidad de norma legal expresa que permita afectar derechos fundamentales y excepcionar la aplicación de textos legales vigentes”, señalan.

Paralelamente, plantean que existiría otro equívoco, “al señalar que de la exposición de los hechos no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan, pueda afectar sus garantías constitucionales, pues precisamente el reglamento afecta los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas, y la protección de los datos personales de las parlamentarias”.

Agencia Uno

El trámite inicial de las diputadas se fundamentó en el hecho de que, en su opinión, la implementación de la toma del test con carácter de obligatorio para la integridad de la Cámara, “vulneraba sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada”.

Lamentablemente para sus pretensiones, en esa oportunidad la Corte no les dio la razón y desestimó que, justamente, la implementación del reglamento de la corporación afecte sus garantías constitucionales, «cuya modalidad se corresponde con el practicado a otros funcionarios de algún poder del Estado, de manera que excluirlas o establecer un método distinto, supondría hacer una distinción arbitraria o prohibida por el ordenamiento jurídico”.

ALEMANIA. Ministro de Justicia, Marco Buschmann: «Una política represiva contra las drogas ha fallado. La legalización significaría productos de mejor calidad, mejor protección de la salud y la aplicación de la ley puede concentrarse en cosas más importantes» #RegulacionXLaPaz https://t.co/lfp8FeS5aG

— Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) October 28, 2022