Rutherford acusa que exjefes del Ejército se concertaron para sustraer gastos reservados

Considerando la delicada situación que enfrenta el Ejército, con cuatro excomandantes en jefe procesados por una presunta malversación de fondos públicos, los antecedentes de esta trama se suceden uno tras otro en la causa que indaga la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford.

De acuerdo a la indagatoria de la magistrada, la desviación de los recursos se habría hecho a través de la apropiación de recursos destinados a  gastos reservados, lo que llevó a la magistrada a encausar sucesivamente a Juan Miguel Fuente-Alba (2014-2018), Humberto Oviedo (2018-2021), Óscar Izurieta (2010-2014) y a (R) Juan Emilio Cheyre (2006-2010).

A este último, se le imputó una defraudación de $128.638.559 millones que habría recibido en sobres en efectivo. Paralamente, de acuerdo a la indagatoria de la la magistrada, el general (R) habría recibido “mensualidades” ya habiendo pasado a retiro, mediante una logística desplegada por las exjefaturas del Ejército encausadas.

Fue justamente el procesamiento de Cheyre el que movilizó una serie de gestiones que llevaron a Rutherford a detallar parte del entramado tras la sustracción de dineros que se le atribuye a los excomandantes. Y que de acuerdo a un informe que comparte La Tercera este miércoles, se habría materializado tras una «coordinación» entre los procesados.

Lo anterior porque la defensa del exoficial presentó hace unos días un recurso de amparo ante la Corte Marcial objetando el procesamiento atendiendo a supuestas vulneraciones a la Constitución. «El auto de procesamiento es ilegal y arbitrario, toda vez que, mediante ella, la ministra en visita extraordinaria se erige en una verdadera comisión especial que dispuso la aprehensión de mi representado sin tener jurisdicción para ello y, además, se funda en graves errores de hecho y de derecho”, argumentó Jorge Bofill.

Tras recibir el amparo, la Corte solicitó a la jueza un informe en respuesta a los argumentos de Cheyre, actualmente en prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén.

Desestimando las argumentaciones de la defensa del excomandante en jefe, la magistrada detalló que “existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada”, aseguró, según informa La Tercera.

De hecho, Rutherford descartó que los delitos imputados se hubieran materializado luego de que Cheyre abandonada la comandancia en jefe, cuando ya no era militar activo, una tesis a la que apeló el retirado general para sustentar el amparo y que terminó encontrando un rotundo desmentido de la magistrada.

“La defensa pareciere haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro», argumentó la jueza.

Y a renglón seguido recalcó que justamente «la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe”.

Ministra Romy Rutherford interroga y ordena detención de Ex Comandante en Jefe en caso Fraude en el Ejército https://t.co/kWEJlmFRQi pic.twitter.com/oNBLdGPCjy

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 11, 2022

Posteriormente, en su informe la ministra en visita levanta la hipótesis de la concertación entre las exautoridades para malversar los fondos imputados, esto es entre Cheyre y los excomandante en jefe involucrados en la causa. Lo que Rutherford plantea, es que todos ellos se coordinaron para implementar un sistema que les permitiera apropiarse de los gastos reservados ya habiendo pasado a retiro.

“Se alude al funcionario que tiene fondos a ‘su cargo’, es decir, que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad y es, precisamente aquella hipótesis que se habría verificado en la especia en lo que atañe al comandante en jefe en ejercicio, quien estuvo en concierto con aquellos excomandantes en jefe que, a su vez, recibieron mensualmente los caudales públicos ya explicados”, asegura la magistrada.

Y en su argumentación, agrega que “al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandante en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros- no puede desconocerse el concierto que se ha referido”.

Juan Emilio Cheyre se encuentra en prisión preventiva-Foto: Agencia Uno

Otro de los temas a los que aludió la jueza, fue a la defensa de Cheyre, quien al igual que sus sucesores dijo que los comandante en jefe tenían derecho a seguridad tras pasar a retiro, apelando a una disposición legal firmada en 1998 por el mandatario de la época, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

“Las medidas de protección y seguridad que pudieren entregarse a los excomandante en jefe no solo en ningún caso podían corresponder a sumas de dinero en efectivo, sino que mucho menos podían ser cantidades fijas mensuales, ni provenir de gastos reservados y, además, tales medidas solo serían procedentes en caso de ser requeridas por aquellos”, aseguró Rutherford en el mencionado informe.

E incluso, reparó en otro antecedente de la causa apuntando al testimonio de Cheyre. “El imputado ha reconocido, no solo que en su cargo como comandante en jefe activo dispuso la entrega de estos dineros sino, además, que los percibió mensualmente desde que se retiró de la institución el 2006 y hasta el año 2018, sin rendir nunca cuenta de ellos», dijo.

Insistiendo en las irregularidades financieras que le atribuye al excomandante, Rutherford dijo que «por lo tanto, reconoce que tampoco justificó de modo alguno que los haya utilizado en seguridad, como en la actualidad asegura. Adicionalmente, debe anotarse que también el procesado admitió que -dada la irregularidad en la percepción de tales recursos- debió pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII) una suma cercana a los $20.000.000 por haberse establecido, respecto de estos mismos dineros, que se trataba de ingresos no declarados”.