Fiscal Nacional: Académicos y magistradas acusan “opacidad” y falta de paridad del proceso

«Queremos manifestar nuestra preocupación por la forma en que se está llevando adelante el proceso de designación del Fiscal Nacional», señala la declaración pública que suscriben casi 30 abogados y académicos de diversas universidades del país.

Específicamente, y apuntando a la designación de la respectiva quina que la Corte Suprema entrega al Presidente de la República, los profesionales del derecho denuncian que la «falta de transparencia del proceso genera el riesgo de que la persona designada, lejos de ser legitimada por una competencia informada, salga debilitada y cargada de sospechas».

Cabe recordar que de acuerdo a lo votado por el Pleno del máximo tribunal, la quina quedó compuesta por el jefe de la Fiscalía Centro Norte, José Morales y el abogado Ángel Valencia, quienes empataron con 17 votos. Luego, la jefa de la Unidad Jurídica y Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, con 9 votos, y la única mujer del grupo. Más atrás aparece el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, con 7 votos, y el exfiscal Rodrigo Ríos, con tres votos. De este listado, saldrá el nombre que debe ser escogido por el Presidente Gabriel Boric y que luego tiene que ser ratificado por el Senado.

Para los académicos firmantes, «la designación del cargo de Fiscal Nacional es un acto republicano de la mayor importancia por varias razones. El Ministerio Público es un órgano fundamental para encarar algunos de los principales desafíos que el Estado chileno enfrenta como son, entre otros, el crimen organizado y la corrupción. También, debido a que se trata de una institución que en la actualidad no cuenta con la confianza de la ciudadanía, indispensable para desempeñar su labor adecuadamente».

De acuerdo con los académicos, «la experiencia muestra que un mal proceso de designación puede debilitar el desempeño del Fiscal por todo su período (ocho años), restándole credibilidad tanto interna como externa».

Asimismo, plantean que «buenos procedimientos debieran tender a excluir la consideración de cercanías personales, lealtades, pertenencia a redes profesionales o cualquier otro elemento semejante que ponga en cuestión la independencia de la persona electa con los demás poderes públicos o con diversos grupos de interés».

«Hemos avanzado muy poco en esto, a pesar de las malas experiencias previas y el proceso de designación está resultando más opaco y discrecional de lo deseable. La percepción pública es que algunos de los factores fundamentales de las decisiones en las diversas etapas serán las conexiones personales, las reuniones y recomendaciones privadas», dicen luego evidenciando lo que asumen como una falta de rigurosidad para elegir al sucesor de Jorge Abbott, quien hace unos meses dejó la Fiscalía entre serios cuestionamientos a su gestión, dándole curso a un proceso que a poco andar ya empieza a ser seriamente criticado.

Incluso, plantean los docentes, «se hace cada vez más patente que para optar a este cargo con una mínima expectativa de éxito, es necesario un largo proceso de generación de relaciones de confianza con diversas autoridades, lo que resulta muy cuestionable para quien luego ejerza la función de Fiscal Nacional».

«Pensamos que aun es tiempo que el Poder Ejecutivo y el Senado tomen sus decisiones de acuerdo con un procedimiento que sea de carácter público y donde todas las preguntas y los debates que sean necesarios puedan ser conocidos por la ciudadanía», aseguran apelando a que el proceso pueda tomar otro curso, lejano a la opacidad que hoy se reclama.

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«Las medidas antidiscriminación son obligaciones jurídicas para el Estado»

A esta declaración se suma la que oficializó el directorio de la Asociación de Magistradas Chilenas, desde donde cuestionan la falta de enfoque de género con el que se está enfrentando la nueva designación.

«Las políticas de igualdad de género de distinta naturaleza, constitucional, legal y/o administrativo, no son concesiones, son mecanismos necesarios para hacer efectiva la igualdad de todas las personas ante la ley y en el ejercicio de sus derechos», aseguran la entidad en un documento titulado «De buenas intenciones».

Paralelamente, las magistradas se preguntan «¿qué significa que de 20 integrantes del pleno del máximo tribunal, enfrentados a una elección para el cargo de Fiscal Nacional (al que se oponen 17 postulantes, de los cuales seis son mujeres), siete ministros voten solo por hombres en sus tres opciones de voto, 11 ministros votaran por dos hombres y una mujer, y solo dos ministras votaran por dos mujeres y un hombre?».

Puesto el tema sobre la mesa, el colectivo insiste en su certeza de que «no existe en el máximo tribunal un compromiso serio con la implementación de una política institucional de género, esto queda de manifiesto al momento de decidir la integración de la quina que será propuesta al Presidente de la República para elegir a la autoridad del Ministerio público, en que los votos no se traducen en una decisión inclusiva, y se encuentra a una distancia sideral de proveer un resultado paritario».

«La paridad, la política de género, las medidas antidiscriminación, son obligaciones jurídicas para el Estado, lo son para todo funcionario público, esto comprende a cada miembro del Poder Judicial, desde el grado más bajo del escalafón hasta la máxima magistratura», argumentan.

Por último, las juezas hacen una convocatoria para revertir esta tendencia. «Hacemos un llamado al máximo tribunal, así como a todas las autoridades del Poder judicial que votan en procesos de selección, a ser consecuentes con las políticas que se encuentran vigentes, a tomar decisiones paritarias, a conformar ternas equilibradas en cuanto al género de sus integrantes».

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