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Orlando Letelier entre ellos: Suprema entregó títulos póstumos a víctimas de la dictadura

Por: Kathia Cancino Rojas | Publicado: 17.11.2022
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“Lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, reconoció el presidente de la Suprema, Juan Fuentes Belmar.

Fue todo un gesto de reparación y de justicia. El presidente de la Corte Suprema, Juan Fuentes Belmar,  entregó los títulos póstumos de abogados a los familiares de cinco detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, quienes figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. 

Entre los títulos entregados figura el del excanciller Orlando Letelier, padre del exsenador socialista Juan Pablo Letelier y de la histórica abogada de derechos humanos, Fabiola Letelier (QEPD). Letelier fue asesinado por la DINA en 1976 en un atentado con bomba en Washington, y su caso fue el primero en el que se dictó una sentencia por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Los otros títulos póstumos fueron entregados a los familiares de los militantes del MIR, Cecilia Castro y Germán Moreno, y a los ejecutados políticos Patricio Munita (MIR) y Juan Soto (PS).

Reconocimiento que se entregó gracias a la solicitud, en enero de este año, por parte de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados de Chile al máximo tribunal, en favor de los exestudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 

Instancia en la que solicitaron que dichos títulos fuesen entregados a 15 personas, quienes ya habrían recibido el título póstumo de parte de sus universidades como reparación por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto. 

Si bien la Corte Suprema optó por solo cinco personas, quienes ostentaban el grado de licenciado antes de su desaparición o ejecución, desde el máximo tribunal enfatizan en que “este homenaje es una manifestación concreta de la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad en forma de reparación simbólica a los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto”. 

Moción aprobada y fundamentada en que “el Estado de Chile está obligado jurídicamente en virtud de Tratados Internacionales a la promoción, protección y reparación a las víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos”

Ceremonia de entrega

“Es una ceremonia especial y trascendente, porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce; lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, reconoció Juan Fuentes Belmar.

La ceremonia también contó con la presencia de Marcela Ríos Tobar, ministra de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, subsecretario de Justicia; Consuelo Contreras Largo, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Pablo Ruiz-Tagle Vial, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), entre otras autoridades, junto a los familiares de los homenajeados. 

¿Quiénes fueron las víctimas? 

Orlando Letelier del Solar, fue militante del PS y exministro del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y embajador de Chile en Washington DC, durante el gobierno de Salvador Allende. Fue detenido entre 1973 y 1974 en distintos campos de prisioneros del país, y asesinado en 1976 en un atentado terrorista con una bomba por la DINA. 

 El 12 de noviembre de 1993, el ministro Adolfo Bañados condenó a exagentes de la DINA, encabezada por el general Manuel Contreras. La sentencia se ratificó el 29 de mayo de 1995, en la Corte Suprema.

Cecilia Castro Salvadores, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenida el 17 de noviembre de 1974 por agentes de la DINA en Providencia, junto a su marido, también detenido desaparecido. Fue trasladada a Villa Grimaldi en el marco de la “Operación Colombo” y vista por última vez en diciembre de 1974. 

Germán Moreno Fuenzalida era dirigente gremial del Hospital San Borja Arriarán y militante del MIR. Fue detenido el 15 de julio de 1974 y recluido en Londres 38, también bajo la “Operación Colombo.

Patricio Munita Castillo, militante del MIR, fue detenido el 13 de diciembre de 1973, en un operativo del Ejército y Carabineros en el Convento de los Padres Capuchinos, donde se encontraba refugiado junto al dirigente Bautista van Schouwen. Ambos fueron encontrados asesinados al día siguiente con múltiples heridas a bala, en plena vía pública. 

Juan Ramón Soto Cerda, fue militante del Partido Socialista (PS). El 11 de noviembre de 1981 apareció calcinado al interior de un vehículo, junto a otras tres personas, en el sector de Las Vizcachas en Puente Alto. 

 

 

 

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