José Morales, el elegido de La Moneda: Boric define a su candidato a Fiscal Nacional

El Presidente de la República Gabriel Boric finalmente optó por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, José Morales, como la carta para ocupar el cargo de Fiscal Nacional, nombre que ahora debe ser ratificado por el Senado.

Fuera de carrera quedaron el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera; y el abogado Ángel Valencia.

Durante el proceso de nombramiento, Morales contó con 17 votos al momento de ser designado candidato por la Corte Suprema (la más alta votación junto a Ángel Valencia), y luego de la nominación del Presidente Boric, debe ser ratificado por dos tercios del Senado.

Morales, según afirman en el oficialismo, es asociado a la derecha y, por lo mismo, a varios no les convencía y creían que las alternativas estaban entre Herrera y Palma.

Con todo, José Morales es uno de los persecutores de mayor experiencia de la quina. Actualmente es fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Metropolitana Santiago Norte, y destaca sus redes que van desde el girardismo en el mundo de la centro izquierda, hasta el piñerismo en la centro derecha.

En un reportaje de El Mostrador se sindica que en la interna del Ministerio Público es conocido como «el sepulturero» por tender a cerrar causas que involucran a poderosos, como el caso Cascadas, la colusión de las farmacias, el caso de soborno de LATAM —cuando Piñera era accionista mayoritario— y algo similar ocurre en causas de derechos humanos donde está involucrado, como el incendio de la bodega Kayser durante el estallido social.

Ahora, la pelota queda en manos del Senado, que deberá definir con votación de dos tercios en la Sala el nombre del sucesor del cuestionado Jorge Abbott. Aunque, previamente el elegido deberá exponer ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Los “trapitos al sol”

Durante el proceso salieron los “trapitos al sol” de varios candidatos. En el camino quedó el abogado Ángel Valencia, quien fue defensor de Rafael Garay, economista condenado por estafa. También del músico Miguel «Negro» Piñera, acusado de provocar un accidente vehicular en estado de ebriedad, no prestar ayuda a la víctima y huir del lugar. Y también defendió a su hermano, el expresidente Sebastián Piñera, en una de las aristas del caso SQM, y a la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, en el caso Publicam.

Valencia era considerado una carta fuerte para ser elegido por el mandatario para su envío al Senado, sin embargo, sobre su figura pesa la crítica de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres que acusó que el abogado “no solo ha defendido grandes intereses empresariales y políticos, sino hasta a agresores de mujeres, en especial al juez de Rancagua, Luis Barría”, magistrado que se encuentra formalizado por el delito de abuso sexual. Lo anterior motivó una “alerta” al interior del gobierno, por parte de la ministra de la Mujer,  Antonia Orellana, haciendo ver lo inconveniente que se hacía elegir su nombre.

El dato se suma a lo publicado este lunes por El Desconcierto sobre su defensa del psicólogo chileno-español, David Bros San Martín, quien fue condenado por abusos sexuales y violación de una menor de edad en la ciudad de Antofagasta.

En su defensa, el abogado apeló al derecho al libre ejercicio de la profesión y al derecho que tiene toda persona de ser defendida.

La otra carta fuerte era la abogada Marta Herrera, quien desde el año 2007 se ha desempeñado como jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. En el Ministerio Público ha sobrevivido a las administraciones de Guillermo Piedrabuena, Sabas Chahuán y el propio Jorge Abbott.

Su punto en contra era que se le considera que está muy ligada a Abbott, aunque en la recta final de la carrera se encargó de marcar distancia, en diversas entrevistas, señalando que «con Jorge Abbott tenemos visiones bastante distintas».

Herrera también apareció salpicada por su firma en el controvertido convenio entre Fiscalía y la Iglesia por casos de abusos sexuales que el Ministerio Público tuvo que dejar sin efecto y motivó incluso un mea culpa de Abbott. De acuerdo con Herrera, su rol se limitó a firmar documentos que acreditaran que se cumplían los parámetros jurídicos.

La funcionaria también enfrentó cuestionamientos  de sectores feministas. La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres expresó que “nos preocupa que se instale la idea que solo por ser mujer alguna candidata nos permita avanzar en lograr una vida libre de violencia machista”. Sobre esto, señaló que las críticas carecen de fundamento, explicando que su función en el Ministerio Público se remite a su puesto en la Unidad Jurídica y no en las áreas de violencia de género.

Por su parte, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, es el menos que ha sido afectado por la «guerra sucia» en esta campaña. Pero una querella lo acusa de obstrucción a la investigación en el caso Operación Huracán, e instruir indebidamente las pericias de la PDI por la desaparición de un «borrador del peritaje medular”. “Es una estrategia muy básica de gente poderosa con estudios jurídicos detrás”, sostuvo el persecutor en una entrevista con El Mostrador.