Presidente Gabriel Boric. | Foto: Agencia Uno
En el contexto de los fenómenos que han marcado la agenda pública durante los últimos años, el reporte 2022 de la ONG aborda distintas dimensiones a partir de las que se relevan los avances y los desafíos pendientes de nuestro país, destacando el compromiso del Ejecutivo con los DD.HH.
Considerando los hechos que han marcado la contingencia nacional durante los últimos años, con un 2019 histórico por el estallido social, este jueves Human Rights Watch (HRW) oficializó su informe mundial 2022, entregando un panorama de nuestro país.
Además de llamar la atención respecto de los protocolos actualizados de Carabineros, en el contexto de la revuelta social, la ONG relevó que «persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos».
«Aún no se reformaron las leyes que otorgan a Carabineros amplias facultades de detención, las cuales ejercen con muy escasa supervisión. Estudios basados en datos oficiales indican que Carabineros ha usado estas facultades de manera discriminatoria durante años, particularmente contra migrantes, mujeres y personas que viven en la pobreza».
Adicionalmente, el reporte de la entidad plantea que «Chile enfrenta desafíos considerables en materia de derechos humanos de migrantes, refugiados, mujeres, niños y niñas, personas indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero».
En el desglose, detalla cómo se despliega en nuestro país el fenómeno migratorio, característico de los últimos años a nivel global.
«Chile acoge a cerca de 1,4 millones de migrantes, especialmente venezolanos, peruanos y haitianos», contextualiza HRW para luego detallar que «entre 2010 y 2021, las autoridades informaron del reconocimiento de la condición de refugiado a tan solo 701 personas, de un total de casi 22.000 solicitantes, y el rechazo de cerca de 7.000. Las políticas migratorias desde 2019 han hecho que sea cada vez más difícil para muchas personas obtener visados o refugio. Una serie de fallos de la Corte Suprema y de tribunales de apelaciones en 2021 pusieron de manifiesto violaciones del debido proceso en cientos de expulsiones y ordenaron su cese».
Y agrega que «las expulsiones colectivas de personas que ya vivían en Chile, llevadas a cabo durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera (…) cesaron durante el gobierno de Boric«, mientras el el Servicio Nacional de Migraciones señaló que continúa expulsando a personas “que hayan cometido delitos y tengan antecedentes penales”.
Paralelamente, releva las «protestas contra la migración y los ataques xenófobos», que «continuaron durante el 2022, lo cual obligó a algunos migrantes a salir de Chile».
A renglón seguido, se aborda la dimensión alusiva al escenario de la comunidad LGTBIQ+ en Chile, poniendo como contexto la entrada en vigencia, en marzo último, de la Ley de Matrimonio Igualitario, que considera la adopción conjunta y el acceso a las técnicas de reproducción asistida, entre otros derechos.
«Datos obtenidos por la organización chilena Fundación Iguales indican que 170 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio durante el primer mes de vigencia de la ley. Hasta septiembre, el Registro Civil había inscrito a 395 hijos de parejas del mismo sexo. Fundación Iguales refirió problemas en la implementación de la ley, especialmente en el registro de hijos de parejas del mismo sexo, así como demora excesiva en la entrega de los certificados de nacimiento y matrimonio», detalla el reporte.
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— Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 12, 2023
En otro ámbito, el informe apunta a las denuncias de «explotación sexual y violaciones de derechos humanos ocurridos en residencias para niños y niñas separados de sus familias», contexto en que Mejor Niñez, (ex SENAME) implementó una serie de reformas estructurales.
Continuando con los derechos de los niñes, «Human Rights Watch detectó que Aprendo en Línea, un producto de aprendizaje por internet que utilizó el Ministerio de Educación durante la pandemia de Covid-19, utilizaba una técnica invasiva que recogía información y transmitía datos personales de los niños a una compañía de tecnología publicitaria».
«Hasta septiembre», detalla HRW, «el Ministerio de Educación no había puesto fin a la violación de la privacidad de niños y niñas».
Respecto de los derechos fundamentales, el estudio de la ONG platea que «el presidente Boric ha criticado de forma coherente las violaciones de derechos humanos en otros países —entre ellos, El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Cuba— independientemente de la ideología política del gobierno responsable de los abusos».
De hecho, agrega, «calificó como ‘inaceptable’ el encarcelamiento de candidatos opositores en las elecciones de 2021 en Nicaragua.
Y en cuanto a las acciones lideradas por el Ejecutivo, destaca que:
«Chile firmó la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, por medio de la cual se comprometió a fortalecer y ampliar las vías para una migración legal segura y para el refugio.
En junio, Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que protege a ambientalistas y garantiza derechos relacionados con el medioambiente.
En octubre, Chile y otros cinco países de América Latina impulsaron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.
Ese mismo mes, Chile fue electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025″.
