Abren testamento de Lucía Hiriart tras demanda del CDE por millonario monto defraudado

En una audiencia realizada por el 16° Juzgado Civil de Santiago se abrió el testamento de Lucía Hiriart, esposa del dictador Augusto Pinochet, gracias a una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Al respecto, la abogada representaste del organismo, Eliana Ricke, precisó que la acción judicial está dirigida contra los herederos del testamento por «provecho de dolo ajeno respecto de los dineros que él defraudó». 

Según detalló La Tercera, la diligencia forma parte de una serie de acciones propiciadas por el CDE para recuperar recursos malversados en el marco del Caso Riggs.

La diligencia forma parte de una serie de acciones propiciadas por el CDE para recuperar recursos malversados. De hecho, la abogada señaló que el recurso de casación interpuesto por el organismo contra el fallo desfavorable de segunda instancia «posibilitó emprender una serie de acciones judiciales para recuperar los dineros defraudados». 

Asimismo, a través de un comunicado público, el CDE explicó que tras la sentencia de la Corte Suprema que puso término al caso Riggs el 24 de agosto de 2018, y que condenó a tres colaboradores del dictador por el delito de malversación de fondos, presentaron una demanda por provecho de dolo ajeno.

Cuya finalidad buscaba «que los herederos de Pinochet fueran condenados a pagar al Fisco alrededor de US$16 millones, correspondientes a los dineros obtenidos ilícitamente por este».

«Ello, dado que, si bien no se acreditó que hubieren tenido participación en los ilícitos, serían destinatarios de un provecho económico que fue fruto de una conducta delictual plenamente demostrada», agregó Ricke en el tribunal.

En ese sentido, Ricke también destacó que «la sentencia decretó el comiso de los bienes que estaban a nombre del exgeneral o de algunas de sus sociedades, la mayoría offshore y con acciones al portador«.

«Sin embargo, pese a dar por acreditado el monto total del perjuicio, ascendente a 17.866.323 de dólares, la Corte Suprema estimó que la pena accesoria de comiso sólo podía recaer en aquella parte de los bienes que tuviera relación con la intervención de los condenados«, continuó.

Pese a ello, la Corte Suprema resolvió que existía evidencia más que suficiente para demostrar que el general Pinochet «incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos» por lo que era posible inferir que «los bienes individualizados en el fallo de primer grado podían considerarse como los efectos o producto de la perpetración de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio del erario nacional».