Tribunales dictaron expulsión de mil extranjeros por tráfico de drogas entre 2021 y 2022

Un documento elaborado por el Poder Judicial reveló que entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022, los tribunales de justicia de primera instancia dictaron la expulsión de 1529 extranjeros residentes en Chile, de los cuales 1205 son hombres y 324 son mujeres.

Según el informe, «la sanción de expulsión del territorio nacional es una pena sustitutiva de la privación de libertad que se aplica al extranjero/a que comete ciertos delitos en Chile».

En esa línea, el desglose por año nos muestra los siguientes datos: se dictaron 751 órdenes de expulsión durante 2021, mientras que en el 2022 ese número ascendió a 778. 

Las cifras oficiales se condicen con los números entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones, quienes acreditan que Chile expulsó a 1070 personas extranjeras durante el 2022, de las que un 97% fue a través de procesos judiciales.

Distribución por país y tipo de delitos

Durante el 2021, en el top 3 de delitos cometidos por extranjeros se encuentran el tráfico ilícito de drogas (553), robo con intimidación (52) y receptación de vehículos motorizados (26). De cerca los siguen crímenes de robo con violencia (26), microtráfico (20) y tráfico de migrantes (19).

Mientras que durante el 2022, la tabla quedó de la siguiente manera: tráfico ilícito de drogas (639), robo con violencia (41) y robo con intimidación (32). En el cuarto lugar se encuentra el tráfico de migrantes (15), receptación de vehículos motorizados (9) y porte de arma prohibida (8).

Respecto a la nacionalidad de los migrantes expulsados, Bolivia alcanzó el primer lugar con 352 dictámenes en 2021 y 506 durante 2022. El país altiplánico es seguido por Colombia, con 139 órdenes de expulsión en 2021 y solo 98 en 2022; y por Venezuela, con 132 dictámenes en 2021 y 11o en 2022.

Desde el Poder Judicial también explican que los extranjeros condenados a quienes se les aplica la pena de expulsión del país en sustitución a la sentencia, podrá apelar los cinco días siguientes a la notificación de la resolución e interponer una apelación ante la Corte respectiva.

Asimismo, los condenados no podrán regresar al país en un plazo de diez años, y de hacerlo, deberán cumplir la pena privativa de liberad originalmente impuesta por el tribunal.

Revisa el informe del Poder Judicial a continuación: