Anticonceptivos (referencial) | Agencia Uno
Desde APROFA celebran cualquier pronunciamiento que el Estado haga en materia de salud sexual y salud reproductiva, “ya que es una deuda histórica y uno de los motivos porque se crea la organización en la década de 1960”.
El pasado 8 de marzo, el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, encabezaron la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer donde anunciaron que se incorporarán 27 anticonceptivos a la Ley Cenabast, con el objetivo de disminuir su valor y que se distribuyan “a precio justo”.
Estos anticonceptivos representan el 60% de la demanda actual en Chile, y según estima el gobierno, esto generaría una disminución de hasta un 80% en el precio, lo que se traduciría en un ahorro de 200 mil pesos anuales.
Su incorporación se realizará de manera progresiva, iniciando con seis productos que ya se encuentran disponibles, para así llegar con el listado completo en diciembre de este 2023.
La Directora Ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), Débora Solís, quien participó de la ceremonia de conmemoración del 8M en nombre de la asociación, aseguró que “esto es una avance para los derechos sexuales y reproductivos, pues muchas mujeres que antes no tenían los recursos para acceder a métodos anticonceptivos, ahora tendrán una opción más consciente con sus bolsillos”.
“En Chile aún existe una permanentemente desigualdad, violencia y discriminación relacionada con los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que se definen como básicos y esto se traduce en las enormes brechas que hay a la hora de acceder a la información, a servicios e insumos para que las personas, y en particular las mujeres puedan gozar de vidas plenas y en sintonía con el bienestar sexual y reproductivo”, agregó.
Desde APROFA celebran cualquier pronunciamiento que el Estado haga en materia de salud sexual y salud reproductiva, “ya que es una deuda histórica y uno de los motivos porque se crea la organización en la década de 1960”.
“Llevamos años intentando acercar los métodos anticonceptivos modernos a las personas, garantizando un precio justo, porque consideramos una vulneración de Derechos, que solo las personas con más recursos puedan realizar la planificación de su proyecto de vida en relación a su salud reproductiva”, cerró Solís.
