Boric comparte carta de más de 80 abogados que advierten peligros de ley Nain-Retamal

Por medio de una carta abierta, más de 80 abogados y abogadas penalistas y criminólogos advirtieron los peligros que supone aprobar la ley Nain-Retamal, asegurando que esta puede afectar “gravemente” los derechos de las personas, junto con afectar la responsabilidad y probidad en el ejercicio de la función policial.

La misiva fue recogida por el Presidente Gabriel Boric, quien la compartió en su cuenta de Twitter, instando a parlamentarios a tender el mensaje que convocó expertos en la materia de todos los sectores políticos.

“Invito a los parlamentarios a leer esta carta de penalistas y criminólogos sobre debate legislativo actual. Insisto: seguridad, justicia y derechos humanos van de la mano y se fortalecen recíprocamente”, escribió el mandatario.

Invito a los parlamentarios a leer esta carta de penalistas y criminólogos sobre debate legislativo actual.
Insisto: seguridad, justicia y derechos humanos van de la mano y se fortalecen recíprocamente. https://t.co/FKkEqZBm04

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 4, 2023

Los reparos con la ley Nain-Retamal

En la misiva de las y los expertos, se plantea en primer lugar la preocupación que genera el principio de legítima defensa privilegiada, el cual, a juicio de los firmantes, afecta “radicalmente la claridad de las reglas que rigen la labor policial aumentando los niveles de confusión que actualmente afectan su función”.

“Nos preocupa especialmente la segunda hipótesis de la ‘legítima defensa privilegiada’ en donde se extiende en demasía el alcance del permiso, pues la norma presume, por ejemplo, que los empujones a un funcionario policial, de parte de dos personas que resisten una detención, configuraría una agresión legítima si a juicio del policía o militar tuvieran el potencial de lesionar o matar”, consigna la carta.

En ese sentido, se expone que este escenario promueve que funcionarios de Carabineros puedan actuar de forma subjetiva y dañar a civiles con sus armas sin que conlleve una sanción penal.

Sobre esto, se expone en la misiva que “la norma impone una confusa regulación al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, poniendo en riesgo no solo la integridad de las personas que participan en estos actos o que simplemente circulan por el sector, sino además retrocediendo en el esfuerzo que hemos emprendido para que las policías puedan discernir la mejor manera de hacer uso de su armamento, bajo principios de necesidad y proporcionalidad”.

También se califica como “extremadamente preocupante” la alteración que se pretende hacer a los delitos de tortura y apremios ilegítimos.

“Esta indicación limita la aplicación de dicho delito de diversas maneras, por ejemplo, circunscribiéndolo a conductas cometidas exclusivamente con malicia y no con simple dolo como ocurre en la generalidad de los delitos, limitándolo a conductas en las que se infrinjan reglamentos, eliminando la agravación de penas cuando las víctimas de apremios se encuentran bajo custodia, y alterando la actual regulación y delimitación entre torturas y apremios ilegítimos”, agrega la carta.

Por otra parte, se cuestiona la indicación ingresada por Matías Walker y Ximena Rincón (Demócratas) la cual le quita responsabilidad a altos mandos respecto a delitos que no sean torturas.

“Recuperar nuestros barrios y la necesidad de respaldar la labor y dar mayores protecciones jurídicas de los miembros de las fuerzas de orden y seguridad, no son excusa para minar nuestro sistema jurídico y retroceder en la protección de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos”, sentencia la carta.