Rector UAHC: «Legítima Defensa Privilegiada puede desembocar en impunidad jurídica»

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano expresó su descontento luego de que un estudiante de la institución recibiera un balín de goma por parte de la  la Policía de Investigaciones de Chile, luego de una manifestación el 27 de abril afuera de su sede en Condell.

Ante estos hechos, el rector de la institución, Álvaro Ramis,  afirmó que este es un «hecho agravado por la reciente aprobación de la denominada Ley Naín-Retamal, que otorga a los agentes policiales que utilicen estos artefactos balísticos, potencialmente letales y altamente gravosos, un resguardo preminente derivado del criterio de “Legítima Defensa Privilegiada” que puede desembocar en formas de impunidad jurídica»

Ya que, agregó «sin necesidad ni apremio a su infraestructura o cuerpo policial, incurrieron en prácticas de disuasión por medio de disparos con este tipo de munición».  A su vez el rector advirtió que este hecho se «realizó en la presencia o cruce de civiles residentes o  transeúntes que no participaban de la manifestación», lo que pudo haber perjudicado a otros miembros de la comunidad educativa.

Esto en el contexto de que la PDI no tiene mandato legal para controlar manifestaciones públicas y según palabras del rector, «tampoco incurrían otras causales que presupusieran una estimación razonable de amenaza a su personal y cuartel que legitimaran su utilización, escapando a criterios objetivos como la necesidad y la proporcionalidad. 

La máxima autoridad de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano reflexionó que el uso de los bailines de goma acusando que «se debe esclarecer a la brevedad si en la práctica actual se sigue considerando el uso de este tipo de disuasivos en el control de manifestaciones, si contienen plomo potencialmente  letal  y si se pueden utilizar legalmente pese a que  institucionalmente  fue  anunciada su prohibición de  uso.»

«Llamamos a las todas autoridades competentes del Estado a colaborar en el pronto esclarecimiento de estos hechos y a someter todas las prácticas policiales a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza promovidos por el sistema de protección internacional de derechos humanos», finalizó.