Sutil se querelló contra Ibáñez por acusaciones de «pasarle millones a parlamentarios»

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y excandidato a consejero constitucional, Juan Sutil, ingresó una querella contra el diputado Diego Ibáñez (CS), quien en su opinión, lo acusó de entregar dineros a parlamentarios para votar a favor de sus intereses.

«Le ha pasado millones de pesos a parlamentarios de Chile Vamos (que) después en las comisiones votan a favor de las AFP o en contra de la democratización del derecho al agua«, aseguró el líder de Convergencia Social en diálogo con 24 Horas.

Tras las denuncias de Ibáñez, el empresario anunció la acción judicial que se materializó con la presentación del documento ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, sobre la que debiera haber un pronunciamiento durante la jornada de este miércoles. Además, el exlíder gremial presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud de desafuero contra el parlamentario. 

Cabe recordar que el excandidato por la Región de O’Higgins aseguró que el caso se encontraba en manos de sus abogados: «Me voy a querellar porque no tengo por qué aceptar que un diputado falte a la verdad de esa forma», aseveró en Radio Agricultura.

«Él menciona parlamentarios que no he apoyado nunca, ni a través del Servel ni nunca, ni siquiera con un llamado por teléfono. Él falta a la verdad doblemente», agregó.

Querella contra Ibáñez

De acuerdo a Radio BioBio, Sutil se querelló por la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, artículo 29, en relación con los artículos 412 y 413 número 2 del Código Penal (CP).

El escrito detalla la entrevista que mantuvo el líder de Convergencia con el periodista Iván Núñez de Canal 24 horas, acusado de «calumnias» en su contra. Además, la querella solicita «la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 100 UTM». 

Adicionalmente, Sutil pide que Ibáñez «sea desaforado y se autorice a esta parte a recurrir al Tribunal para perseguir su responsabilidad penal por los hechos descritos en nuestra querella, todo según lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en relación con los artículos 412 y 413 número 2 del Código Penal».