En una nueva conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+, desde el Ministerio de Justicia anunciaron un paquete de indicaciones que fortalecerán la Ley Antidiscriminación, conocida informalmente como la Ley Zamudio, que establece medidas contra las discriminaciones arbitrarias y un procedimiento judicial y medidas sancionatorias en caso de cometer este tipo de actos.
No hace mucho, desde Fundación Iguales señalaron que nuestro país cuenta con 18 leyes protectoras de los derechos LGBTIANB+ y políticas públicas en Educación, Salud y Trabajo. «Sin embargo, el Estado aún no salda dos de sus grandes deudas: la reforma a la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, conocida como Ley Zamudio, y la creación de una Institucionalidad Antidiscriminatoria», precisaron.
Hacia esa dirección apunta la modificación de la ley, cuyas indicaciones consideran entre sus pilares fundamentales promover la elaboración de políticas públicas y programas para eliminar toda forma de discriminación y el acompañamiento e información sobre acciones constitucionales y legales para las víctimas.
En esa línea, el titular de la cartera, Luis Cordero, precisó que las indicaciones anunciadas «tiene por propósito dotar de atribuciones al Estado de permitir comparecencia efectiva para evitar este tipo de acciones», la cual según el ministro subrogante, Jaime Gajardo, es fruto de un trabajo de años.
Institucionalidad antidiscriminatoria
Según Gajardo, la propuesta se verá fortalecida a través de un apoyo importante a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de una institucionalidad antidiscriminatoria que buscará proteger a todos los sectores discriminados o históricamente desaventajados.
Además de la constitución de un consejo por la igualdad y la no discriminación, que «contemplará la participación permanente de la sociedad civil, además de los poderes del Estado y órganos pertinentes para ir resolviendo y coordinando acciones en la dirección de poner al Estado en la senda de la plena eficacia del derecho de la igualdad», explicó Gajardo.
Al respecto, desde el Movilh manifestaron su visto bueno a la iniciativa y señalaron que «frente a nuestra inquietud de que la Institucionalidad cuente con alguna autonomía, de manera que su quehacer no dependa de la autoridad del turno, el Ministro nos precisó que la Subsecretaría de Derechos Humanos está analizando mecanismos que garanticen cierta independencia del órgano contra la discriminación, lo cual valoramos», manifestó una de las voceras, Javiera Zúñiga.
📣 ¡Comprometidos con la igualdad y la lucha contra la discriminación! Hoy anunciamos nuevas indicaciones para fortalecer la #LeyAntidiscriminación.
Avanzamos en crear una institucionalidad en la @SubseDDHH y el Consejo de Igualdad y No Discriminación. pic.twitter.com/NBQ1ldHzM7
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) June 28, 2023
Indicaciones del gobierno
- Se promoverá la elaboración, con enfoque interseccional y pertenencia cultural, de planes, políticas y programas destinados a prevenir y eliminar toda forma de discriminación.
- Se prestará apoyo a los órganos del Estado cuando así lo requieran, en el diagnóstico, diseño e implementación de medidas vinculadas al combate de este flagelo.
- Se estimulará la coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas acciones que digan relación con la promoción de la igualdad en los ámbitos de la economía.
- Además se diseñarán y ejecutarán programas de capacitación en materia de igualdad y no discriminación para funcionarios de la Administración del Estado, así como promover la incorporación de contenidos orientados a promover la igualdad.
- Se proporcionará información y acompañamiento a las víctimas de discriminación sobre las posibles acciones constitucionales, legales u otras reclamaciones que pudiere intentar y qué servicios públicos pueden serle de apoyo ante un evento discriminatorio.
- Con el ánimo de llevar este esfuerzo de coordinación y diálogo con la sociedad, vamos a proponer -además- la creación del “Consejo de Igualdad y no Discriminación”. Se trata de un espacio de diálogo permanente entre distintos representantes del Estado y representantes de la sociedad civil. Su misión será recomendar acciones a los órganos del Estado y establecer criterios para la elaboración de políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación, opinar fundadamente sobre las estrategias de difusión y sensibilización, realizar el seguimiento a la implementación de la normativa en estas materias, entre otras funciones.