Derechos, probidad y descentralización: Las prioridades ciudadanas para la Carta Magna

Para la ciudadanía, las normas necesarias de incluir en una futura Constitución deberán ser aquellas que garanticen los derechos sociales (25%), la probidad del sector público (20%) y la descentralización del país (18%).

Así lo señala un estudio de opinión pública sobre el proceso constituyente que llevó a cabo el observatorio VAR Constitucional, de la Universidad Diego Portales (UDP), con la consultora Feedback Research a cargo del trabajo de campo.

Según los resultados transparentados esta semana, la ciudadanía apunta entre los principios más importantes, que deben ser incorporados a la propuesta constitucional, a la Justicia (27%), seguido por el principio de Libertad (18%).

Volviendo a las normas, al otro lado de la lista prioritaria salen mencionados como menos relevantes para la ciudadanía el capítulo especial sobre FF.AA. y Seguridad Pública (11%) y fomentar la participación ciudadana (6%).

Sin embargo, en paralelo trascendió recientemente que consejeros del Partido Republicano y de ChileVamos llegaron a 15 preacuerdos de cara al trabajo constitucional.

Entre estos, figuran justamente el capítulo de Fuerzas Armadas, además de la propiedad individual de los fondos de pensiones y la protección de la vida del que está por nacer, entre otros.

90% a favor de proteger el medioambiente

Por otro lado, al consultar sobre los temas que deben ser incluidos en la Constitución, más del 90% de los encuestados menciona la protección del medio ambiente, el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, y la existencia de un “SERNAC con dientes”.

Respecto al trabajo en sí, la mayoría de los encuestados privilegia opciones relacionadas con la búsqueda de consensos para avanzar hacia una nueva Constitución.

43% se inclina por “buscar puntos de encuentro con sectores que no piensan como uno para alcanzar grandes acuerdos” y 29% prefiere debatir y exponer los argumentos de las partes, mostrando apertura para cambiar de opinión”.

En contraste, solo el 19% manifiesta que los actores del proceso constitucional debiesen mantenerse firmes “en los principios que uno defiende sin transar con otros sectores”.