Mesa de medios: Las recomendaciones sobre la prensa que siguen “sin respuesta” del gobierno

Hace casi seis meses que la mesa de medios, conformada por la Universidad de Chile, la Universidad de La Frontera y la Universidad de La Serena, entregó una serie de recomendaciones al gobierno en una iniciativa impulsada por la Secretaria General de Gobierno (Segegob).

Sin embargo, según comenta uno de los autores a El Desconcierto, tras la entrega del insumo aún no han recibido una respuesta por parte de la Segegob.

Entre los redactores del informe se encuentran Dino Pancani, Ana María Castillo, Carolina Muñoz, Juan Enrique Ortega, Carolina Rodríguez, Cristian Muñoz, Pablo Andrada, Bárbara Eytel y Carlos del Valle.

Prensa y ciudadanía

Académicos, expertos y actores de los medios quienes, a lo largo de 79 páginas, entregan orientaciones concretas al gobierno para adoptar diferentes políticas públicas respecto a la prensa.

Las medidas propuestas para el sistema de medios mencionan trabajar por la alfabetización e interculturalidad, garantizar espacios comunicativos para sectores no visibilizados en la opinión pública, “democratizar” las señales de radio y televisión, y desarrollar protocolos ante la violencia de género y los discursos de odio.

Además, entregaron una serie de recomendaciones en torno al periodismo y ciudadanía, el sistema de medios y democracia, y la comunicación digital.

Casi un año de trabajo

Este mes se cumple un año desde la conformación de la mesa de medios a cargo de la ministra vocera Camila Vallejo (PC), quien convocó dicha instancia el pasado 15 de julio del año 2022.

Pero cabe destacar que, especialmente en el contexto de la Comisión Asesora contra la Desinformación impulsada por la Segegob, que comenzó a sesionar la semana recién pasada, guardan especial relevancia las propuestas de la mesa en torno al sistema de medios.

Publicidad estatal

Entre las principales conclusiones que da el informe, destaca la necesidad de transparentar y regular la publicidad estatal de modo que se asegure el cumplimiento de los objetivos relativos a las políticas públicas y a la efectividad del mensaje, estableciendo criterios más amplios que solo la medición de audiencias.

Junto a ello, se propone definir un porcentaje máximo de recursos estatales a gastar en un medio de comunicación, asociación o empresa que tenga varios medios de comunicación y dividir los gastos del avisaje y las campañas en: medios de comunicación de carácter comunitario; medios de comunicación que tienen facturación menor a 5 millones mensuales; y medios de comunicación de mayor facturación.

Código de ética

Sobre periodismo y ciudadanía, el informe plantea la necesidad de construir protocolos de trabajo en terreno que resguarden los mínimos necesarios para asegurar la protección de las y los periodistas; implementar un observatorio internacional que vele por el cumplimiento de los estándares de acceso a la información y de libertad de expresión; y construir un código de ética para la labor periodística y las condiciones de publicación y/o emisión de la información amplio, instancia que debiese ser integrada por representantes académicos, empresariales, profesionales y gremiales.

Educación mediática

A nivel transversal, sugiere incorporar la educación mediática y la interculturalidad en el contenido del sistema escolar.

Asimismo, el documento señala que es de gran importancia promover, con financiamiento estatal, espacios comunicativos mediáticos y no mediáticos que pertenezcan y estén dirigidos a población integrante de los pueblos indígenas, migrantes, comunidades LGTBIQ+ y otros sectores no visibilizados en la opinión pública.

Violencia de género

A esto se suma la necesidad de prevenir, enfrentar y erradicar las situaciones de violencia de género que afecten a periodistas y trabajadoras de la comunicación, así como el desarrollo de protocolos que permitan tipificar y prevenir los discursos de odio.

Según informó la instancia, el trabajo de levantamiento de información para confeccionar el informe, consideró la revisión de informes previos, jurisprudencia internacional y la experiencia y propuestas de sectores nacionales involucrados en el debate.

Participantes del estudio

El proceso incluyó la participación de profesionales y trabajadores del campo de los medios de comunicación, de organizaciones gremiales y el Colegio de Periodistas, provenientes de Santiago, regiones y territorios internacionales. Para ello se realizaron 13 entrevistas grupales, además de cinco grupos de discusión, dos en la Región Metropolitana, uno en la Región de La Araucanía y dos en la Región de Coquimbo.

Revisa aquí las propuestas de la mesa de medios: