Experta y Política Nacional de Migraciones: Es una «oportunidad» de regularizar a la población

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el año 2021 la población extranjera residente en Chile llegó a 1.482.390 personas, una cifra que da cuenta de un alza en la migración que, si bien al ser comparada con otros países es menor, “en nuestra forma de accionar, de gestionar estos temas, no estaba realmente en nuestro ADN”, explicó Lorena Oyarzún, especialista en relaciones internacionales y directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. 

Para la académica, “estamos hablando de cifras que bordeaban un 2%, a casi 5% de la población de Chile”, que si bien “en comparación a países como Estados Unidos, India o México son bastante menores”, hablan de un aumento explosivo de la población migrante. 

Aunque el “origen de la migración es multicausal”, de acuerdo a la profesora especialista en Derecho Internacional del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la casa de Bello, Astrid Espaliat, “(hay) un tema de persecución e inestabilidad política, y otro de búsqueda de estabilidad económica, acceso al trabajo y mayor bienestar para el migrante y sus familias”, sobre todo en aquella población que viene desde Venezuela. 

Aumento explosivo migrante

Hace algunas semanas, el país enfrentó una preocupante arista de esta crisis, constatada a través de miles de migrantes  que cruzaron la frontera por Colchane de manera irregular. Posteriormente, el fenómeno mutó experimentando un cambio radical con multitudinarios grupos de extranjeros queriendo salir del país sin poder hacerlo. 

Para hacer frente a dichas situaciones, el gobierno impulsó una Política Nacional de Migrantes, que entró en vigencia a principios de julio, la que para Oyarzún es calificada como una “oportunidad”. “Ante un tema que obviamente tiene muchas dimensiones, me parece muy bien esta política que, en definitiva, busca dar pie a promover y gestionar una migración ordenada, segura y regular”, precisó. 

Giovanni Pacheco, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, piensa similar, aludiendo a que la política “recoge los planteamientos que la coordinadora ha venido haciendo en los años precedentes”. 

“Son 28 medidas de corto plazo, entre las que se va a buscar fortalecer el Servicio Nacional de Migraciones, que es muy nuevo y surge con la nueva Ley Migratoria, que reemplaza la del año 1975”, detalló Oyarzún. 

Pero, ¿cómo enfrentar la crisis? 

Si bien una política pública es la puerta de entrada para hacer frente a la crisis, Pacheco enfatiza que “los derechos humanos deben ser considerados en las políticas migratorias de los Estados modernos”, lo que muchas veces se ve tensionado por el “principio de soberanía”. 

“Cuando el control fronterizo vulnera los DD.HH. de las personas migrantes, se considera discriminación arbitraria”, plantean desde la Coordinadora, lo que se debe subsanar considerando un “fortalecimiento de los gobiernos y la sociedad civil para responder a las personas migrantes más vulnerables”, agregan. 

Para Pacheco, se debe apuntar a “coordinar esfuerzos entre gobiernos para facilitar la gobernanza entre las migraciones” y “sensibilizar y hacer partícipes a las comunidades de origen, tránsito y destino”.

Regularización de migrantes

Lo anterior, de acuerdo a la Coordinadora, está cruzado por la necesidad de regularizar a la mayor cantidad de personas migrantes que se encuentran irregularmente en el país. “Lo mismo que, al más breve plazo, se concluya el atraso en dar respuesta a las más de 200 mil solicitudes de trámites de visas que aún falta por responder”, aseveró Pacheco.

En ese sentido, Oyarzún hace el alcance, apuntando a que la nueva política busca “agilizar los procedimientos respecto al rezago de solicitudes migratorias, que ha sido una deficiencia importante del Estado chileno respecto de las solicitudes de permiso migratorio”. 

Situación que es lo que causa mayores dudas por parte de la Coordinadora. “Tenemos que lidiar con el escenario político, por un lado, y con la capacidad administrativa del Sermig (Servicio Nacional de Migraciones), por otro”.