Se judicializa nueva Constitución para que la derecha no agregue dos nuevos capítulos

Lo que hace algunos días era un secreto a voces en el ex Congreso Nacional se confirmó la noche de este domingo, cuando los miembros del oficialismo ingresaron un reclamo a la Corte Suprema por la incorporación de nuevos capítulos sobre FF.AA., Seguridad y Defensoría de las Víctimas al anteproyecto constitucional de la Comisión Experta.

Este recurso va en respuesta a las enmiendas del Partido Republicano (PR) y Chile Vamos que pretenden modificar la estructura general del anteproyecto realizado por la Comisión Experta.

El documento de 37 páginas está basado por el principio de reclamación activa contemplado en el artículo 156 de Constitución.

Según expresan los Consejeros oficialistas en el reclamo, se estaría incurriendo en «una transgresión a las reglas del procedimiento que rigen al Consejo Constitucional».

Capítulos distintos

Sumado a esto, argumentan que “la presentación de estas enmiendas, que incorporan capítulos distintos a los fijados en la estructura aprobada por la Comisión Experta, se realiza con infracción a las normas establecidas en los artículos 71 y 72 del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional y 152 de la Constitución Política de la República, provocando un vicio esencial, que afecta la posibilidad de la deliberación democrática en el consejo».

Reclamo anunciado

Durante la semana pasada, y luego de la presentación y primeros análisis de las enmiendas, los Consejeros de izquierda mostraron su disconformidad con que se presentaran estas tres iniciativas para modificar el índice que habían dejado los Expertos.

Es más, en una reunión de delegados que duró cerca de una hora, el oficialismo anunció a las bancadas de derecha que el bloque reclamaría ante la Corte Suprema. 

Sus reparos radican en que el artículo 71 del reglamento establece que “las enmiendas deben expresar de manera precisa la modificación que se propone, haciendo referencia al artículo sobre el cual recae”.

A juicio del oficialismo, un capítulo no es una norma ni un artículo.

Tres capítulos

Las indicaciones que ingresó la derecha contemplan crear tres nuevos capítulos. PR y Chile Vamos presentaron indicaciones para tener un nuevo subtítulo sobre “Defensa nacional”, para alojar ahí las normas sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

Junto a esto, el PR pretende instalar uno relativo a Paz, orden y seguridad interior”, mientras que Chile Vamos propuso uno similar, pero titulado “Seguridad pública”.

Lo más perjudicial de todo para la izquierda es que la derecha tiene los votos para ser aprobarlas, se requieren 30 consejeros y las derechas suman 33: en salud, pensiones, educación y el nuevo capítulo sobre Fuerzas Armadas.

A fines de la semana pasada el bloque oficialista entregó un documento a la derecha con materias que a ellos les gustaría que se implementaran. El objetivo era llegar a un acuerdo en el que la derecha se comprometería a incluir estos puntos y mientras que por su parte el oficialismo apoyaría la inclusión de los nuevos capítulos.

Mejorar posición

El trato, en definitiva, era que tanto el PR como Chile Vamos estudiara la propuesta y fuera discutida a principios de esta semana, no obstante el oficialismo prefirió recurrir a la Corte Suprema de una vez.

En esta línea, el objetivo de la decisión radicaría en que, más allá del resultado del reclamo, es esencial para el bloque mejorar su posición negociadora al interior del Consejo de cara a las próximas etapas.

En paralelo a lo anterior el oficialismo se encuentra estudiando todas las enmiendas, para analizar cuales podrían vulnerar las bases constitucionales y, en consecuencia, recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad, una instancia inédita hasta el momento.

Entre las enmiendas que destacan se encuentran las referidas a la “jerarquía constitucional”, que podría vulnerar la base relativa al respeto de los tratados internacionales y el beneficio de prisión domiciliaria a los mayores de 75 años, que incluye a violadores de derechos humanos, que también vulneraría tratados internacionales de DD.HH., entre otras.