Comisión del Caso Kayser devela negligencias del SML, Carabineros y Ministerio Público

Más de mil personas ingresaron a la fábrica de la empresa de ropa Kayser en la comuna de Renca en pleno estallido social. Un gran incendio, que requirió 20 compañías de bomberos para ser controlado, consumió la totalidad del sector de las bodegas de la empresa. Fueron cinco personas las que no lograron salir. 

Julián Pérez, Andrés Ponce, Manuel Muga, Luis Antonio Salas y Yoshua Osorio fueron las víctimas del incendio en condiciones que aún no se esclarecen pero, de acuerdo a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados del caso, se determinó que existieron irregularidades por parte de los organismos del Estado. 

Comisión parlamentaria

Tras seis meses de trabajo la comisión, creada a petición del diputado independiente Andrés Giordano, concluyó que a casi cuatro años de los hechos subsisten diligencias investigativas pendientes e irregularidades cometidas por parte de organismos del Estado. 

Al respecto el parlamentario señaló que la comisión culminó con “la constatación de ciertas negligencias, hubo omisiones relevantes por parte de diversos organismos del Estado.

No tuvo la calidad de ser una investigación con la debida oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad de los órganos encargados de investigarlo, exhaustividad y la participación de los familiares en el proceso”.

SML y Protocolo de Minnesota 

Ausencia de reportes sobre la posición de los cuerpos en el lugar de los hechos; falta de descripción de los protocolos de análisis y levantamiento de cadáveres; e inexistencia de cadena de custodia o de su correspondiente informe.

Esas son solo algunas de las críticas que presentó el Equipo Chileno de Antropología Forense por los procedimientos realizados por el Servicio Médico Legal (SML) en enero de 2020, evidenciadas en el informe de la comisión. 

A ello se suma la no aplicación del Protocolo de Minnesota en el caso, el cual busca promover el derecho a la justicia y reparación de toda muerte ilícita o sospecha de desaparición forzada.

Hechos que ocurrieron pese a ser una recomendación de la ONU en el contexto del estallido social. 

El documento también considera que tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público “señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo delito de robo en lugar no habitado”.

Lo que de acuerdo a las familias de las víctimas, generó  “un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”. 

Cuerpos y falta de claridad 

El informe de la Comisión también indica que “ni en el día del incendio ni los días posteriores, el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas”, lo que era responsabilidad del Ministerio Público y de Carabineros. (…) “Por el contrario, se mantuvo abierto y vulnerable a la alteración por parte de personas ajenas a la empresa, lo cual podría explicar también el desarrollo de un segundo incendio el día 12 de noviembre de 2019”.

Igualmente, se indicó que existe “falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos, puesto que de acuerdo con las declaraciones de la periodista Paola Dragnic y el camarógrafo Italo Retamal de Telesur, en el acto quedaron presuntos restos de vestimentas y objetos personales de, al menos, una de las víctimas”.

Propuestas

En la instancia también se acordó “propender el levantamiento y el reconocimiento de un memorial en el sitio del suceso, que actualmente es de propiedad del Serviu, que ha anunciado que se va a edificar un complejo de viviendas sociales pero se ha abierto la conversación para que efectivamente este sitio de memoria tenga una cabida y es algo que nosotros estamos empujando y la Comisión lo ha ratificado de forma unánime”.

“Además se sugirió que se avance en mejorar la legislación penal para fortalecer los derechos de las víctimas y propender a la creación de un organismo del Estado que tenga como función dar asesoría jurídica especializada y defensa de las víctimas en procesos penales, que hemos visto que también ha sido parte del gran problema en este caso”.