Hasta casi $1.300.000 llegaría multa por porte injustificado de combustible en la vía pública

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que sanciona el porte injustificado de combustibles en la vía pública, que se encontraba incluido en la agenda de seguridad del gobierno.

La iniciativa busca establecer como falta su traslado sin justificaciones de combustibles que podrían utilizarse para cometer atentados o dañar personas y objetos en lugares públicos durante reuniones.

Enviado a segundo trámite, la iniciativa considera la aplicación de una multa, siempre que no pueda proporcionarse una explicación razonable. Además, promueve una sanción penal para los infractores y permitirá la detención de las personas sorprendidas en esta falta.

¿De cuánto sería la multa?

La sanción por la falta implicará un multa de 10 a 20 UTM, es decir, de $631.990 a $1.263.980. 

Modificaciones a la ley

Para consolidar el proyecto, se proponen modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, que tiene como objetivo proteger el derecho a manifestarse pacíficamente y asegurar la seguridad de los manifestantes, transeúntes y fuerzas policiales.

Para ello, incorpora una nueva falta en el sistema penal para aquellas personas que, injustificadamente, porten combustibles apto para cometer atentados contra personas o para ocasionar daño en las cosas en el contexto de reuniones en lugares de uso público.

Debate

Desde la oposición, los parlamentarios del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), manifestaron que el texto atenta contra la presunción de inocencia, además de reclamar porque entrega facultades a las policías que se pueden ejercer con discrecionalidad, al no estar especificada. De esta forma, apelan que podrían detener a alguien que transporte combustible para su hogar, por ejemplo.

Y desde otra vereda, los representantes de la derecha y el centro político evaluaron positivamente la propuesta, considerándola necesaria para resguardar el derecho a la protesta pacífica.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, argumentó que esta iniciativa busca defender el derecho de reunión en paz, pero cuestionó que la sanción penal excede al espíritu de la ley y llamó a rechazarla. 

En caso de aprobarse, anunció que recurriría al Tribunal Constitucional (TC) y remarcó que no es posible encarcelar a alguien que todavía no ha cometido delito alguno.

Finalmente, la jefa de gabinete recalcó que portar una molotov u otro artefacto explosivo, ya tiene una sanción penal.