¿Se rompe el pacto de silencio?: La carta de reos de Punta Peuco a ojos de expertos en DD.HH.

El martes de esta semana 27 reos de Punta Peuco firmaron una carta en la que se reconoce escuetamente su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma que lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”, señala la misiva que fue leída en el Congreso por Gonzalo de la Carrera, diputado identificado con la extrema derecha.

“Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tas las rejas a nuestros fieles subalternos”, agrega la carta, a la vez que se apunta a los oficiales que habrían “dado las órdenes” a suboficiales, soldados y civiles.

Este quiebre entre los subalternos condenados y lo mandos que ejercían como autoridades en época de la dictadura fue entendida en cierta manera como una grieta en el pacto de silencio que persiste en miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Se rompe el pacto de silencio?

La diputada y vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz (PC), fue sumamente crítica con la carta de los presos de Punta Peuco, haciendo hincapié en que los firmantes, más allá de mencionar lo obvio, no aportan ningún dato que permita esclarecer los crímenes de la dictadura que aún siguen en la impunidad.

“Está absolutamente probado que estas personas fueron asesinos, homicidas, secuestradores. Ellos (reos de Punta Peuco) no aportan nada; no aportan ni una palabra, no nombran a ninguno de los superiores que les habrían dado las órdenes bajo las cuales ellos asesinaron y secuestraron”, enfatizó la diputada, agregando: “Esto es una estrategia comunicacional de una tropa de criminales de lesa humanidad que ahora esgrimen lamentos y lloriqueos”.

Una visión similar plantea Karinna Fernández, abogada experta en derechos humanos y que se ha desempeñado como defensa de víctimas en casos relevantes como el de Caravana de la Muerte u Operación Cóndor.

“(Los presos de Punta Peuco) tuvieron todas las posibilidades de acceso a la justicia, de derecho a la defensa durante años y décadas de litigios, en las que han podido entregar la información real de todos los antecedentes que poseen y esclarecer cuál fue el destino de víctimas que permanecen desaparecidas y también haber colaborado en el establecimiento de los patrones de represión. Ellos desecharon esa posibilidad”, enfatiza Fernández.

“Mantuvieron muchos antecedentes en secreto, no declararon, mintieron en sus declaraciones”, sostiene la abogada, precisando que “el ejercicio que han realizado las víctimas y sus representantes es lo que ha permitido que la verdad aflore y por ende, se asuman las responsabilidades”.

Colaboración de las Fuerzas Armadas

Un aspecto que también menciona Fernández y que ha estado en medio del debate público a raíz de esta conmemoración de los 50 años del golpe es la colaboración de las Fuerzas Armadas en el esclarecimiento de casos de violaciones a los derechos en dictadura.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, abordó este tema en entrevista con La Tercera, asegurando que no tenía por qué dudar de la colaboración de las FF.AA. en la entrega de archivos.

“En el rol institucional, desde la institución, no estoy hablando de personas que ya no son parte de la institución, nuestro rol tiene que ver a través de los procesos judiciales, donde se ha solicitado información, y cuando han existido esas solicitudes, se ha entregado la información”, aseguró la secretaria de Estado.

En este punto es especialmente crítica Fernández sobre los dichos de las autoridades de gobierno que han asegurado que se ha entregado toda la información por parte de las fuerzas militares.

“Lo cierto es que han sido las víctimas y sus representantes quienes hemos exigido la entrega de información y quienes hemos hallado información a través del procedimiento de la ley de transparencia. Hemos derrocado muchos archivos secretos y reservados, pero esos obstáculos persisten y eso es uno de los elementos más claros de que los pactos de silencio permanecen en nuestro país”, subraya la abogada.

En ese sentido, Fernández, asegura que, por ejemplo, en el caso Operación Cóndor —en el que fungió como defensora— no se entregaron archivos por parte de Cancillería.

“Lamentamos estar en el punto de que a 50 años y que autoridades democráticas digan que se ha entregado toda la información cuando eso no es efectivo”, sentencia Fernández.