CAE: Abogan por fórmulas vía ingresos y empleabilidad para enfrentar morosidad del 61%

Este miércoles se oficializó un estudio de Pivotes, respecto de la evolución del estado de pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) durante los últimos años.

Específicamente considerando el período diciembre 2017- marzo 2023, se aprecia que, en el primer trimestre de 2022, inmediatamente posterior a la elección presidencial, su morosidad aumentó en nueve puntos porcentuales, pasando de 52% a 61%.

«La morosidad tuvo un salto inmediatamente posterior a la elección de diciembre de 2021, la cual se atenuó parcialmente a mediados de 2022, pero volvió a presentar una trayectoria al alza desde entonces», plantea el estudio.

De hecho, el levantamiento de información asegura que, de acuerdo al «último dato proporcionado por la Comisión Administradora del Crédito, correspondiente a marzo de 2023, la morosidad se ubicó en 58%.

Y en el desglose, se constata que entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, cerca de 98.000 deudores del CAE en etapa de pago dejaron de cancelar sus cuotas.

Egresados incrementan morosidad

Paralelamente, se aprecia que entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, el incremento mayor en la morosidad se generó desde los egresados, quienes aumentaron en siete puntos porcentuales.

Por primera vez, agrega el estudio, «desde el salto que siguió a la elección presidencial, en marzo de 2023 quienes están al día son minoría entre los egresados», mientras que «los desertores aumentaron su proporción de morosidad en cuatro puntos porcentuales» en la misma etapa.

«La evidencia sugiere que las expectativas de condonación del CAE han influenciado directamente el comportamiento de pago de los exestudiantes beneficiarios de este crédito. Tras la elección presidencial de diciembre de 2021, se observó un incremento notorio en la morosidad, reflejando un aumento de nueve puntos porcentuales», agrega el trabajo de Pivotes.

Siguiendo con el análisis, este apunta a que «aunque hubo una ligera corrección durante 2022, la tendencia de morosidad ha vuelto a ascender, alcanzando un 58% en marzo de 2023″, siendo «los egresados, es decir, aquellos que completaron sus estudios de educación superior, el grupo que ha experimentado el mayor incremento en morosidad, pasando de un 44% en diciembre de 2021 a un 51% en marzo de 2023».

Promesas versus expectativas

Finalmente, el estudio concluye que «estos resultados subrayan la relevancia de gestionar con prudencia las expectativas en torno a las promesas de política pública», pues estas impactan directamente las decisiones individuales.

Adicionalmente, plantea que «la discusión e iniciativas en torno al financiamiento del sistema educativo debiesen reorientarse para ser consistentes con los desafíos que el país enfrenta en contexto post pandemia, y también con aquellos que arrastra históricamente».

Desde Pivotes, recalcan que resulta «imperativo devolver la atención a la calidad educativa de los niveles parvulario, básico y medio. Lo anterior, desde el punto de vista de los recursos se puede abordar, por ejemplo, impulsando el avance del proyecto de ley que extiende y moderniza el uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)».

«Las necesidades más urgentes del sistema educativo chileno en cuanto a financiamiento se encuentran enfocadas en el acceso a mayores recursos y mayor autonomía para que las escuelas puedan utilizarlos, y no en el financiamiento de la educación superior», concluye el trabajo efectuado por Bárbara Manríquez, economista Universidad de Chile y MPA/ID (c) Harvard University.

Para Ruth Arce, directora de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Diego Portales (UDP), «el sistema educativo del país presenta demasiadas inequidades y falta de compromisos serios con los desafios de capital humano; eso implica que no podemos permitir que el futuro laboral de jóvenes que son primera generación universitaria, se vea limitado por deudas que pueden ser muy altas en la relación CAE y sueldo».

«Otro problema que veo es la falta de capacidad de los parlamentarios para comprender las verdaderas necesidades formativas (de) Chile y actuar en consecuencia con estas», asegura emplazando a los integrantes del Poder Legislativo.

¿Hay otras prioridades?

Consultados sobre el tema, Sebastián Rivas, director de Incidencia de Pivotes, abordó algunas interrogantes respecto de la problemática del crédito.

Considerando lo complejo que resulta el tema, atendiendo a la envergadura de los montos que involucra la deuda del CAE, ¿cómo debiera enfrentarse este problema de larga data que resulta particularmente apremiante para miles de familias en el país?

– La discusión en políticas públicas es siempre compleja, porque involucra priorizar recursos escasos. En el caso del CAE, lo que el estudio de Pivotes detecta es un “efecto llamada”, es decir que hay un grupo importante de deudores que ha dejado de pagar desde el momento en que se prometió una eventual condonación, lo cual es una respuesta clásica en el análisis conductual económico.

Considerando que, al menos como se ha planteado hasta ahora, los recursos debieran venir de una reforma tributaria, la pregunta es si el CAE debiera ser la prioridad central para destinar esos potenciales ingresos. Nosotros creemos que existen otras tareas que requieren esos esfuerzos, en particular acortar las brechas en la educación escolar que se acrecentaron de manera palpable con la pandemia.

¿Dónde debieran estar puestos los esfuerzos a nivel de administración estatal, atendiendo a la necesidad de financiamiento de la educación en nuestro país, sin pasar por el CAE?

– Al gobierno le toca administrar un período muy complejo en cuanto a la educación escolar. Chile perdió 259 días de clases presenciales por la pandemia (entre 2020 y 2021), el país de la OCDE con mayores cifras en ese apartado. Además, el ausentismo escolar se mantuvo elevado en 2022, y los establecimientos públicos han sufrido paros y movilizaciones estudiantiles y del Colegio de Profesores que aumentan esa pérdida. Todos los recursos debieran estar enfocados en esa prioridad: cómo asegurarnos que los estudiantes puedan asistir a los establecimientos, y que en ellos tengan las mejores condiciones para aprender, en particular los más vulnerables.

Si no se condona el CAE, ¿desde el gobierno dónde podrían avanzar en la búsqueda de alternativas para enfrentar esta considerable y creciente deuda?

– El Estado chileno ha ido avanzando en los últimos años en modelos que ayudan a mitigar los efectos más fuertes del CAE a nivel económico. Estudiar cómo profundizar fórmulas vinculadas al nivel de ingresos y empleabilidad de la persona, como ya existe tanto en ese crédito como en sus predecesores -Fondo Solidario, por ejemplo- aparece como una vía para ayudar a quienes más lo requieran. Sin embargo, una condonación parece compleja, entre otras cosas porque podría generar más demandas en otros grupos de deudores educacionales y de otro tipo, que verían como expectativas que se iguale su estatus a lo que se resuelva con el CAE.