Grupo mapuche pide movilizarse contra ley que endurece penas a tomas de propiedad en Chile

La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radical mapuche que opera en el sur de Chile, llamó este lunes a «movilizarse» en contra de una ley aprobada por el Congreso que propone sancionar con cárcel las ocupaciones de terreno, declarando que llegará a «tomar las armas si resulta necesario».

«Defenderemos hasta las últimas consecuencias lo logrado en el plano territorial, político y cultural mapuche», señaló la CAM a través de un comunicado público, subrayando que la llamada Ley de Usurpaciones «pretende legitimar al Estado colonial y presentar una visión errada de quienes son los verdaderos dueños de la tierra, traicionando y tergiversando la historia, y que es la razón profunda del conflicto histórico en el Wallmapu«.

En las regiones del Biobío y La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago, existe hace décadas una disputa territorial entre el Estado chileno, algunas comunidades mapuche, latifundistas y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales, zonas donde son frecuentes las tomas de predios, sabotajes y ataques incendiarios.

La disposición legal aprobada en agosto pasado por el Senado establece sanciones más duras para el delito de usurpación de propiedades, llegando incluso a penas de cárcel contra quienes resulten responsables, extendiendo el periodo de flagrancia y permitiendo la restitución anticipada de la propiedad ocupada.

Pese a estar lista para su promulgación, la ley será modificada esta semana por el Ejecutivo a través de un veto sustitutivo, una atribución presidencial que faculta al mandatario para reemplazar una frase o artículo del proyecto.

«Que las penas sean escalonadas, que no sea la misma pena para todas las situaciones, porque no puede ser que dé lo mismo saltar una reja, que amenazar con una pistola en la cabeza al propietario», explicó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respecto a los cambios que impulsará el Gobierno.

«Que no tengamos esta posibilidad de autotutela que quedó planteada que esta propuesta del Congreso (…) Lo más importante, es regular de una forma razonable la legítima defensa, para que no se transforme en ley de la selva, que es de alguna manera lo que este proyecto habilitó», enfatizó la secretaria de Estado.

En tanto la Administración de Gabriel Boric afina detalles para concretar el veto, que tiene plazo final para el próximo viernes, la CAM instó a realizar un «gran encuentro de comunidades y organizaciones mapuche (un futa trawun), para establecer una estrategia y echar abajo esta nueva ley maldita».

La CAM irrumpió en la escena política chilena el 1 de diciembre de 1997, fecha en la que realizó su primer sabotaje en contra de tres camiones forestales en el marco del conflicto territorial, definiéndose como una organización autonomista, mapuchista, anticolonial, anticapitalista y revolucionaria.

Uno de sus líderes más prominentes, el werkén (vocero) Héctor Llaitul, fue detenido tras un operativo desplegado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la localidad central de Cañete en agosto de 2022, cumpliendo con una orden de aprehensión emanada de la fiscalía con acusaciones por robo de madera y delitos contra la seguridad del Estado. A la fecha continúa con prisión preventiva.

Durante los últimos años, la CAM se ha disgregado en diversas agrupaciones más radicales que operan tanto en la zona costera del Biobío y La Araucanía como hacia la cordillera, con atentados y ataques armados pero sin un acervo político e ideológico como el desarrollado por la organización que representa Llaitul.

Desde mediados de 2022, en la zona rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso en decenas de ocasiones, herramienta constitucional que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.