Senador Castro: Isapres «saben que están en una encrucijada final de la viabilidad del sistema»

Ajetreadas jornadas transcurren, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo, en el contexto de la resolución de la millonaria deuda que mantienen las isapres a sus afiliados derivada de cobros extra que la Corte Suprema obligó a zanjar en noviembre último, restituyendo los dineros involucrados.

Tras varios esfuerzos del sector privado, liderado por su presidente Gonzalo Arriagada y Gonzalo Simón, gerente general de Isapres de Chile, para evitar acatar el fallo del máximo tribunal, esta última instancia accedió a conceder una prórroga solicitada por la Superintendencia de Salud para implementar la sentencia, plazo que expira dentro de cinco semanas, lo que dio curso a una nueva petición para extender el tiempo de aplicación de la misma, mientras se avanza en la ley corta para zanjar un tema particularmente complejo.

Atendiendo a su envergadura, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), aterrizó el escenario en que se empezará a tramitar la normativa.

«Se están dando las condiciones» para hacer justicia

Considerando que ya casi se cumple un año desde el fallo de la Corte Suprema, ¿cómo se están desarrollando las negociaciones en el Congreso para implementarlo?

– La próxima semana la Comisión de Salud del Senado va a recibir el informe final del Comité de Expertos y empezaremos a votar la ley corta de isapres. Partirá con una votación en general el día martes, y durante todo el mes de octubre se despachará para que la Sala finalmente la envíe a la Cámara de Diputados.

O sea, vamos en tranco ya de recta final en el primer trámite. Eso es un buen indicio, porque asociado a la prórroga que el gobierno ha señalado que va a pedir (hoy), significa que se están dando las condiciones para que se haga justicia de una vez por todas, para que a la gente le paguen lo que se les cobró de más, para que a la vez no haya colapso del sistema y nadie vea interrumpida su atención dentro del sistema privado, que tiene un vaso comunicante en el sistema público, que son las clínicas privadas que atienden a cinco millones de personas del país.

¿Existen consensos básicos en el Congreso para avanzar legalmente en la implementación del fallo del máximo tribunal?

– Eso es lo que buscamos. Todavía no podemos dar garantía de eso hasta no tener la ley ya despachada, pero el esfuerzo durante estos meses ha sido de sentar en la misma mesa a las isapres, al Estado, a las universidades, a todos los que saben y son expertos, o tienen interés en la materia para llegar a una propuesta definitiva, que es la que conoceremos desde el Comité de Expertos la próxima semana.

«Hay que devolver el dinero»

¿En qué actitud percibe que está la derecha y la ultraderecha respecto de este tema?

– Expectante, diría yo. No ha tenido una conducta antagónica ni tampoco anuente. Creo que más bien aquí, el diálogo en esta fase, que ha sido técnico, se ha podido desplegar. Ahora vendrá la encrucijada política, que es donde veremos los verdaderos argumentos que cada sector esgrima en función de buscar una alternativa de solución en favor de las personas, que son el centro de nuestra preocupación.

Desde las isapres, ¿ha variado la actitud o se mantiene la postura radicalmente contraria al fallo?, ¿existe voluntad de acatar realmente la resolución judicial?

– Se ha hablado con la Asociación de Isapres. Ellos han tenido una conducta dialogante en estos últimos meses. No por eso significa que hayan renunciado a sus puntos de vista. Ellos saben que están en una encrucijada final respecto a la viabilidad del sistema. Cada una tiene sus propias realidades. Son siete isapres que están en riesgo y espero que esa apertura al diálogo se mantenga hasta el final. Sería un flaco favor que en el último tramo ellos rigidicen sus posiciones o tengan una actitud antagónica a la posibilidad de tener soluciones reales en el sistema que, no necesariamente pasan por la sustentabilidad en el largo plazo de las isapres, porque es un modelo de seguro que se ha ido agotando en el tiempo.

Sistema no puede colapsar

En su opinión, ¿cuáles son los «desde» que debiera considerar la ley corta de isapres?

– Es muy difícil predecirlo, porque todavía no entramos de lleno en la votación particular, eso lo veremos en octubre. Pero reitero, los principios orientadores son: cumplimiento de sentencia para las personas, porque en Chile a quien se le ha cobrado de más hay que devolverle el dinero; segundo, sustentabilidad del sistema, para que no por una mejor ley que se haga, se vayan quebrando las isapres en el camino, nadie le va a poder pagar a nadie… Y tercero, que nadie se vea interrumpido en su cobertura de atención.

La segunda prórroga para el cumplimiento del fallo por la que se está abogando ante la Corte Suprema, ¿sería la última?, ¿existe una proyección respecto de cuándo debiera, aproximadamente, empezar a regir la ley?

– La ley rige desde el momento que se publica. Nosotros le hemos dicho al gobierno que con 90 días más se podría completar no solo en el Senado, sino que todo el trámite legislativo de las dos cámaras, e incluso con comisión mixta. El gobierno presenta (hoy) su solicitud de prórroga, ignoro por cuánto tiempo la va a pedir, pero esa es la decisión que sólo el gobierno sabe y que en todo caso el objetivo es que los fallos entren a regir simultáneamente con la vigencia de la ley.