Contraloría cae sobre funcionarios públicos papito corazón: «Tolerancia cero es importante»

La semana pasada, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) anunció que como consecuencia de la implementación de la nueva Ley de Pensión de Alimentos, Contraloría estableció que los funcionarios públicos contratados a honorarios no podrán renovar su contrato si están en el registro de deudores.

«Estamos viendo la aplicación en todas las instituciones del Registro Nacional de Deudores, que tiene como función garantizar el pago de las pensiones alimenticias respecto de niños, niñas y adolescentes que se encuentren tramitándose en tribunales de familia», asegura Ximena Cuevas, abogada magíster y directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Mayor.

Siguiendo con su análisis de la normativa, asegura que «la ley se modifica y lo que busca es que en todos los casos en que exista un empleador, se realiza la retención y la deposita en la cuenta de ahorro».

Por otra parte, Cuevas comenta que «esto evita que el deudor de alimentos no pague a pesar de tener un ingreso permanente».

«Además va a haber una inhabilidad para ciertos beneficios económicos o bonos que el Estado pudiera dar, y se debe retener del finiquito el porcentaje que corresponda a las pensiones, se retiene de la remuneración y además se puede retener de la indemnización por años de servicio del despido del empleado», dice luego.

«Pensiones son prioritarias»

«En el fondo, las pensiones de alimentos son prioritarias», agrega a tiempo que asegura que «la tolerancia cero es importante porque la legislación chilena ha buscado garantizar el derecho que tiene todo niño, niña o adolescente a tener una vida o a mantener esa vida de acuerdo a las condiciones que sus progenitores le dieron y entre esos está el derecho a la alimentación. Ahora la ley lo que busca son varios caminos a través de los cuales hacer que se paguen las pensiones», asegura.

Y agrega que para ingresar en el registro hay que evidenciar un patrón de morosidad. «Tienen que ser tres pensiones consecutivas o cinco discontinuas, debe haber liquidaciones en las cuales se establezca la deuda», ilustra.

«Esta liquidación tiene que estar firme, lo que implica que una vez que esta se notifica, el padre deudor o la madre deudora no acredite que pagó u ofrezca una fórmula de pago que sea aceptada por la otra parte», complementa.

Paralelamente, Cuevas recalca la importancia del dictamen oficializado la semana pasada. «Creo que no hemos visualizado hoy lo que Contraloría va a hacer de no renovar contratos, porque hay una inhabilidad para las funciones públicas», asegura.

«Es jurídicamente válido»

«No puede estar contratado, estar a honorarios en el aparataje estatal, en el gobierno o en cualquier instotución pública una persona deudora», resume.

Cuevas insiste luego en que «lo que Contraloría está haciendo es algo jurídicamente válido, por supuesto, está aplicando una normativa nacional acorde con las reglas tanto de la ley de alimentos y también las convenciones internacionales que resguardan los derechos de la infancia. Por lo tanto, está aplicando una normativa vigente».

«La legislación actual garantiza la búsqueda de todas las formas a través de las que se puedan pagar los alimentos de los hijos, creo que es lo correcto», concluye.

 

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