Interrumpirá arresto domiciliario: Justicia autorizó a Miguel Ángel Aguilera a votar

Luego de que en agosto del año en curso la justicia decidiera mantener en arresto domiciliario al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, actualmente investigado por los delitos de cohecho reiterado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el exjefe comunal tramitó ante la justicia un permiso para votar en el plebiscito de este domingo 17 de diciembre.

Afortunadamente para él, el tribunal acogió su solicitud, tal como lo oficializa un documento del Poder Judicial que establece que «se autoriza al imputado Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, para que el día domingo 17 de diciembre (…) en un rango de horarios entre las 8:30 horas a las 13:00 horas inclusive, se ausente de su domicilio (…) con la finalidad de concurrir a sufragar».

Paralelamente, este pide que se ponga en conocimiento a la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina, «para los fines de control» que amerita la situación judicial en la que se encuentra el imputado.

«Es curioso que el exalcalde Aguilera tenga tanta disponibilidad para ir a votar este 17 de diciembre. Podría mostrar el mismo entusiasmo junto a sus abogados, para participar en las audiencias que han sido pospuestas ya en tres ocasiones, siempre argumentando circunstancias poco creíbles», comentó David Cabedo Rosas, exconcejal de San Ramón y abogado querellante de la causa.

Sin embargo, agregó, «tengo la convicción de que el exalcalde votará por última vez, ya que finalmente se hará justicia, manteniendo la esperanza de que nuestra comuna podrá al fin reconstruirse y quitarse ese terrible estigma que Aguilera nos dejó».

Juicio Oral

Por otra parte se estableció que el 24 de marzo, a las 9:00 horas se efectuará  la audiencia preparatoria del juicio oral en contra del exalcalde, luego de que se suspendiera en dos oportunidades, el 18 de octubre y el 9 de noviembre.

Para el delito de cohecho pasivo, la Fiscalía está pidiendo cinco años y un día, 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de más de $33 millones de pesos; mientras que para el delito de enriquecimiento ilícito, se solicita una multa de más de $260 millones, junto con el comiso de la casa de La Reina que habría adquirido con los dineros mal habidos, además de siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Finalmente, para el delito de lavado de activos se pide una pena de cinco años y un día, multa de 500 UTM y el comiso de la propiedad de La Reina.