Acusación constitucional contra Montes: Qué dice el libelo presentado por las derechas

Tras una semana de advertencias, finalmente este martes las bancadas del Frente Social Cristiano, Chile Vamos y del Partido Republicano presentaron la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda Carlos Montes por su eventual “responsabilidad política” en el Caso Convenios.

La idea se había tanteado hace meses atrás, pero al no suscitar un apoyo transversal en las derechas se decidió pausar la arremetida contra el titular del Minvu. Sin embargo, la mediática detención de Carlos Contreras y Daniel Andrade —protagonistas de la arista Democracia Viva— alentó a la oposición a ingresar el texto acusatorio.

La AC, además, se enmarca en el contexto de la derrota que sufrieron las derechas el pasado domingo luego de que la ciudadanía rechazara la propuesta constitucional que elaboraron. Según el oficialismo, el libelo acusatorio presentado contra Montes es una “cortina de humo” para esconder la derrota electoral.

Pero más allá de la pugna política y los emplazamientos cruzados, ¿cuáles son los argumentos de la AC? Acá, un zoom del texto ingresado por las derechas y que deberá ser votado por la comisión constituida para analizarla y posteriormente por el pleno de la Cámara.

Argumentos

El documento de 86 planas y respaldado por diputados de Chile Vamos, del PDG y del Frente Social Cristiano apunta a que en la cartera liderada por Montes se cometieron “graves actos de corrupción” en el Programa de Asentamientos Precarios durante 2022 y 2023.

“Hasta el momento se ha podido constatar que, desde el MINVU, a través de las SEREMIS y SERVIU, se han transferido más de once mil millones de pesos a entidades sin fines de lucro, mediante asignación directa, es decir, sin concurso público o algún mecanismo objetivo, además de no encontrarse debidamente fundados los actos administrativos que aprueban los respectivos convenios de transferencia”, sostiene el prólogo del líbelo a modo de introducción.

En el primer capítulo de la AC se acusa a Montes de “no ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”.

El segundo, en tanto, apunta a que Montes infringió los artículos 3º y 5º de la ley orgánica constitucional de bases de administración del Estado al “no observa los principios de eficiencia en la ejecución del programa de asentamientos”.

Argumento similar se esboza en el tercer capítulo donde se menciona que el ministro de Vivienda infringió el “principio de probidad administrativa”, mientras que en el cuarto se menciona: “(Montes) es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución”.

El quinto y último capítulo del líbelo es sin duda el más duro ya que se desliza que Montes infringió la norma del código penal que mandata a denunciar delitos respecto a los que se tenga conocimiento, lo que significaría encubrimiento.

La Moneda y oficialismo blindan a Montes

Pese a que en los pasillos de La Moneda corría la hipótesis que después del plebiscito el Presidente Gabriel iba a realizar un cambio de gabinete para reimpulsar la gestión del gobierno, pareciera que el mandatario no dará el brazo a torcer y mantendrá en el cargo a Montes y Migue Crispi, el otro salpicado por el caso Convenios.

Ante ese escenario, desde el gobierno se ha hecho una defensa irrestricta a Montes y se ha apuntado a que este tipo de acciones “distrae” a la política de las prioridades de la ciudadanía.

“Las acusaciones constitucionales terminan siendo una distracción respecto a lo que realmente importa, porque todo el Congreso se concentra en la acusación, los ministros tienen que defenderse. ¿Y qué es lo que importa? Que se sigan implementando iniciativas que solucionen los problemas de los chilenos en su vida cotidiana”, dijo el ministro de la Secretaria de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde.

Desde el Congreso también se cuestionó con dureza la arremetida de la posición calificando la AC como un “show político” pensado para esconder el fracaso de la propuesta constitucional que impulsaron las derechas.

“Los perdedores del domingo vinieron acá a hacer un show político para establecer un cortina de humo y esconder su derrota electoral porque fracasaron y fueron incapaces de presentar un texto constitucional de consenso y para limpiarse la ropa de esa derrota y desviar la atención, acusan constitucionalmente al ministro Montes, que es inocente”, cuestionó el diputado, Raúl Soto (PPD).