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Fiscalía reconoce un «punto de inflexión» en los secuestros en Chile por el caso de Rudy Basualdo

Por: EFE | Publicado: 27.12.2023
Fiscalía reconoce un «punto de inflexión» en los secuestros en Chile por el caso de Rudy Basualdo Fiscal nacional Ángel Valencia | Agencia Uno
«El secuestro de Rancagua es un punto de inflexión por un nivel logístico, pero no porque haya sido el primero; secuestros han habido, lo que ocurre es que son de distinta complejidad», dijo Ángel Valencia.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó este miércoles que la complejidad de los secuestros registrados en el país tuvieron un «punto de inflexión» con el caso de un empresario metalúrgico Rudy Basualdo, raptado en noviembre pasado en Rancagua -a 80 kilómetros de la capital- y liberado días después.

«El secuestro de Rancagua es un punto de inflexión por un nivel logístico, pero no porque haya sido el primero; secuestros han habido, lo que ocurre es que son de distinta complejidad», dijo el jefe del Ministerio Público.

Y agregó que «no encontrábamos bandas o estructuras criminales que se dedicasen exclusivamente o estuviesen altamente especializadas en la comisión de estos delitos, pero en esto nos encontramos con un nivel de logística al que no estábamos habituados».

«Cuando nos enfrentamos a un caso tan sofisticado como este, lo que hicimos fue buscar ayuda en los expertos para poder investigarlos con la mayor eficacia posible; por eso pedimos colaboración a la Fiscalía de Colombia y a la Procaduría Antiterrorismo y Antimafia de Italia, y vamos a seguir buscándola cuando sea necesario», subrayó Valencia.

Enfrentar al crimen organizado es una de las prioridades declaradas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien en diciembre de año pasado lanzó una inédita política nacional orientada a robustecer la institucionalidad en esta materia, dotando a los organismos persecutores y policiales de mayores herramientas para desbaratar a estas organizaciones.

El plan contra el crimen organizado, elaborado de forma coordinada entre múltiples instituciones del Estado, considera una inversión superior a los 39.000 millones de pesos (más de 4 millones de dólares) y ajustes territoriales acordes a la realidad de cada región.

La disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales ocupa un lugar central dentro de la política nacional, robusteciendo los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencias de armas.

El crimen organizado, la violencia y la percepción de inseguridad, fenómenos en aumento desde hace unos años en Chile, país que aún tiene la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica, se ha convertido en uno de los principales desafíos para el Gobierno de Gabriel Boric.

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