Oposición revive propuesta del Consejo Constitucional que podría beneficiar a reos de Punta Peuco

Este martes la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas mayores que padecen enfermedades terminales o graves.

En concreto, la propuesta presentada en junio de 2023 por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Kuschel y Henrique Van Rysselbergue (UDI), busca que mujeres de 65 años o más y hombres de 70 o más, puedan cumplir sus penas en su domicilio particular en caso de tener complicaciones de salud.

La iniciativa fue puesta en tabla este martes y fue aprobada en particular y general, al ser un proyecto de artículo único. Los votos a favor fueron proporcionados por los senadores de oposición Chahuán, Van Rysselbergue y Kuschel, mientras que, en reemplazo de la señorada Fabiola Campillai —integrante de la comisión—, el senador Daniel Núñez (PC) votó en contra. Posteriormente, Gastón Saavedra (PS), consignó su voto en contra.

Al momento de votar y adelantando que el comité de senadores del PC se opondrá a que el proyecto sea votado en enero, Núñez criticó con dureza la iniciativa argumentando que esta incumple con los tratados internación ales en materia de DD.HH. suscritos por Chile.

En esa línea, el parlamentario criticó los alcances de la norma usando de ejemplo el caso de Pedro Barrientos, procesado por el crimen de Víctor Jara y por el cual fue extraditado a Chile desde Estados Unidos el pasado 1 de diciembre. “Si se aprueba el proyecto de ley que ustedes proponen, Pedro Barrientos, quien cometió un delito atroz y ha vivido toda su vida en impunidad, no cumpliría pena en la cárcel. Él tiene 76 años, postularía al beneficio y (cumpliría la pena) en detención domiciliaria. Eso es un mecanismo de impunidad terrible”, sostuvo Núñez.

Descargos de la oposición

Por parte de la oposición, el presidente de la comisión, Francisco Chahuán (RN), respondió a los cuestionamientos planteando que el proyecto “en ningún caso pretende establecer impunidad para personas mayores que estén cumpliendo condenas”, sino que “se trata de una alternativa distinta al cumplimiento de las distintas sentencias a quienes están privados de libertad”.

Asimismo, aclaró que para acceder al beneficio se deben comprobar una serie de requisitos como que la enfermedad esté detectada, sea patológica de carácter grave o progresiva, que no tenga tratamiento curativo o capacidad de retrasar su evolución.

Chahuán, además, especificó que el diagnóstico debe acreditarse mediante la certificación unánime de tres especialistas en el tratamiento de la enfermedad que se invoque como causal para solicitar la pena sustitutiva.

Del Consejo al Congreso

Antes de ser aprobado en la Comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, el proyecto estuvo incluido como norma en la propuesta constitucional emanada del Consejo Constitucional que fue rechazada el pasado 17 de diciembre en el plebiscito constitucional.

“Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”, rezaba el literal h del artículo 16 de la propuesta rechazada.

Durante el debate constitucional, la norma —impulsada por el Partido Republicano y apoyada por Chile Vamos— recibió duras críticas al interpretarse como un beneficio a los reos del penal Punta Peuco, donde cumplen penas condenados por violaciones a los derechos humanos. De hecho, la norma fue morigerada, ya que en un primer tramo el beneficio no contemplaba la causal “enfermedad terminal”, sino que era abierto a todos los condenados mayores de 75 años.

Consultado por El Desconcierto, el senador Núñez enfatizó en que este proyecto no solo podría beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad, también “favorece a homicidas y a quienes cometieron graves delitos sexuales”.

El parlamentario, en esa línea, sostiene que “el problema es más peligroso que un indulto, ya que esto es una reforma legal, que beneficiaría casos sin exigir ningún tipo de requisito” y apunta a que este proyecto “devela el doble discurso de la derecha, ya que públicamente dicen estar preocupados de la criminalidad, pero en la práctica ponen en peligro a la sociedad al conmutarles la pena de cárcel por la comodidad de sus casas”.

Respecto a la similitud del proyecto con la norma del fracasado proyecto constitucional, Núñez indicó a este medio que “es una torpeza política de la derecha insistir en este tipo de iniciativas, ya que en el último plebiscito la ciudanía le pegó un portazo a la mentira que quisieron instalar de que era la Constitución de la seguridad”.