Senado reabre polémica por Punta Peuco: Dan OK a arrestos domiciliarios a mayores de 70

La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó un proyecto de ley que regula penas alternativas para reclusos privados de libertad con enfermedades terminales, deterioro físico grave o que hayan alcanzado una determinada edad.

El proyecto, promovido por parlamentarios de Chile Vamos, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel y Enrique van Rysselberghe, y ahora deberá ser discutido y votado en la Cámara Alta y plantea que los hombres mayores de 70 años y las mujeres mayores de 65 años condenados a penas de cárcel podrían cumplir el resto de su condena con arresto domiciliario.

Aunque desde la oposición la propuesta no fue bien recibida. El senador Daniel Núñez señaló que, de aprobarse, la ley busca una «impunidad brutal».

Al respecto, el senador aludió al caso de Pedro Barrientos, quien fue extraditado desde Estados Unidos por el crimen del cantautor chileno Víctor Jara.

«Es una familia que toda la vida ha pedido justicia y hoy, con el proyecto de ley que ustedes proponen, se les estaría negando. Yo lo encuentro terrible, dramático. Nombro un caso, pero tenemos decenas de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en que los criminales que participaron de esos crímenes se podrían acoger a esta norma».

La reflexión de Nuñez apunta directamente a los mayores beneficiados por esta iniciativa y que es la generación de militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet y que se encuentran recluidos en la cárcel de Punta de Peuco.

Y añadió que: «Esto permitiría que personas condenadas por abuso sexual, por ejemplo, a menores de edad, también hicieran uso de este beneficio e hicieran uso de prisión domiciliaria. ¿Sabe cuál es el problema de eso, presidente? Que muchas de estas personas lo hacen no solamente en forma física, a veces falta que solo tengan un computador con internet».

Desde la derecha, el presidente de la comisión, Francisco Chahuán, descartó que la iniciativa se traduciría en «impunidad» para un determinado grupo de presos y aseguró en conversación con T13 que «todas las personas tienen derecho a sus derechos fundamentales. Esto en ningún caso implica impunidad ni faltar al principio de no repetición. Estamos basándonos en los pactos internacionales ratificados por Chile, como la Convención Interamericana sobre Personas Mayores».

Además se refirió a los límites para aquellos condenados por delitos sexuales o crímenes de lesa humanidad, y planteó que «eso es parte de la discusión que se va a dar en el plazo de indicaciones y habrá plazo de afinar el proyecto».