“Ley Macaya”: Buscan evitar que imputados por delitos sexuales obtengan libertad bajo fianza

Este miércoles, diputadas de las bancadas oficialistas presentaron un proyecto de ley que busca modificar diversos artículos del Código Penal con el objeto de que imputados y condenados por delitos sexuales no puedan acceder a beneficios mientras se mantenga vigente el proceso judicial.

Las diputadas firmantes de la iniciativa aludieron al caso de Eduardo Macaya —padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya— quien pagó una caución económica de $150 millones para que se le modificara la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario.

“Este es un acto de toda justicia, más todavía tomando en cuenta hechos públicos conocidos como el ‘caso Macaya’”, dijo la diputada Karol Cariola (PC) respecto a las motivaciones para presentar el proyecto.

La diputada Marcela Riquelme (Ind-CS), autora del proyecto, detalló que el objeto este es que imputados y condenados por delitos sexuales no puedan acceder a beneficios durante la tramitación del juicio, protegiendo así la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, Riquelme explicó que la moción busca establecer una solución legislativa e impedir que, en delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, “no se pueda reemplazar la prisión preventiva por una caución, sin importar el monto”.

Además, señaló que la iniciativa busca generar “herramientas efectivas para evitar posibles revictimizaciones, además de establecer con la gravedad necesaria, la imposibilidad de que quien vulnere tenga beneficios, negándole de forma absoluta la posibilidad de acceder a la libertad provisoria, al arresto domiciliario o rendir caución para acceder a estos”.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo para que patrocine este proyecto de ley, porque esto no puede seguir ocurriendo, no queremos más abusadores sexuales libres, que por tener plata en el bolsillo puedan comprar la libertad a costa de la seguridad de las niñas y niños de nuestro país”, acotó Cariola.

De acuerdo a lo planteado en la iniciativa legal, además de establecer la protección de la víctima, también se busca limitar las acciones de quienes por su capacidad económica puedan obtener un beneficio carcelario. “Muchas veces los jueces optan por dejar a las personas en libertad y aquí nos enfrentamos a otro fenómeno que tiene que ver con la percepción de que aquí hay justicia para pobres y para ricos”, recalcó la diputada Riquelme.

El proyecto de ley contó con las firmas de las diputadas Mercedes Bulnes (Ind. FA), Erika Olivera (Demócratas), Marisela Santibáñez (PC), Camila Musante (Ind. PPD), Consuelo Veloso (Ind.) y Rubén Oyarzo (PDG).