Colegio de psicólogos acusa a exministro Blumel de retraumatizar a víctimas del estallido

Durante las últimas horas, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de nuestro país emitió un comunicado evidenciando su inquietud ante «el reciente lanzamiento del libro ‘Réquiem por el Estallido Social’, cuyo autor es el excanciller Ignacio Walker, evento que contó con la presentación de Gonzalo Blumel, exministro del Interior del expresidente Piñera, y de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá».

«Queremos hacer notar nuestra preocupación por los comentarios del Sr. Blumel en la línea de criminalizar la protesta social y justificar el uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes, calificando como un ‘error’ haber puesto en duda el uso legítimo de la fuerza durante las masivas movilizaciones ocurridas durante el estallido social en Chile», asegura el documento.

Para quienes suscriben la declaración, «se debe tener en consideración que durante el período en que encabezó el ministerio (2019), se presentaron más de 12 mil denuncias por violaciones a DD.HH. y, según consta en informes del INDH, “sólo en el inicio de su periodo se registró un total de 1.915 personas heridas en hospitales, los traumatismos oculares ascendieron a 182, las heridas por perdigones a 579 y 40 personas figuraban heridas por balines. Los detenidos aumentaron a 5.565 y al menos 262 acciones judiciales, entre ellas, querellas, recursos de protección y amparos”.

«Consideramos que estas afirmaciones emitidas por un ex personero del gobierno de Piñera contribuyen a generar un proceso de retraumatización que, lamentablemente, es de carácter permanente en los supervivientes, entre otras razones, pues existen diversas querellas sin resolver en que se investiga responsabilidad en las violaciones a DD.HH. durante ese periodo de gobierno, estando incluso algunos personeros y ex personeros en calidad de imputados», agrega la comisión del gremio en su declaración.

Negacionismo

Estas aseveraciones, agrega el escrito, «además se suman a los intentos de determinados sectores políticos e instituciones orientados a negar la existencia, así como validez del proceso social correspondiente al estallido social, como también desconociendo el derecho a la manifestación pública, instalando también el negacionismo respecto de la ocurrencia de graves violaciones a DD.HH. con la intención de que el Estado prescinda de su responsabilidad respecto a el reconocimiento, la justicia y la reparación, que constituyen deberes orientados a evitar la impunidad respecto al daño ocasionado a las víctimas, como también evitar la repetición de este tipo de graves crímenes».

Según el comunicado, esta «situación adquiere mayor relevancia debido a que, en la historia reciente de nuestro país, aún mantienen temáticas en esta materia sin resolución, desde la dictadura civil-militar, incumpliendo compromisos adquiridos respecto a la investigación, sanción, reparación y no repetición de graves violaciones de los derechos humanos».

«En la misma línea, se aprecia una incongruencia discursiva de parte de actores políticos e instituciones en relación con los compromisos enunciados y las acciones concretas respecto a reparar a las víctimas de violaciones a DD.HH. en este período, como son las de trauma ocular, víctimas de perdigones, muerte por acción de agentes del Estado, presos políticos; que luego de ser perseguidos penalmente, fueron absueltos y otros sometidos a procesos viciados basados en montajes», cuestionan desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos.

Suicidios de víctimas de trauma ocular

Recordemos que a la fecha, releva el escrito, «al menos cuatro sobrevivientes de trauma ocular se han suicidado debido a la falta de reparación y el abandono por parte de la institucionalidad que generó el daño».

«Reiteramos que cada vez que se niega o relativiza, tanto discursivamente como en la práctica, la existencia de violaciones a DDHH, se genera un impacto tanto en los supervivientes como en la sociedad completa, especialmente al pretender desconocer la obligación de los Estados respecto de reparar el daño causado por sus agentes», recalcan desde la entidad gremial.

Finalmente, el comunicado cierra recalcando que «esta obligación debe ser abordada de manera integral considerando medidas orientadas a la indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación de las víctimas en sus dimensiones individual, familiar, colectiva, material, moral y simbólica, además de generar condiciones que garanticen la no repetición. Sin verdad y justicia, no puede haber reparación».

La «estrategia» de Blumel

Consultados al respecto, desde el gremio profundizan en su molestia planteando que «las declaraciones del señor Blumel van en la línea de validar las graves violaciones a DD.HH. ocurridas durante el gobierno del que formó parte, más aún cuando ocupó el cargo de ministro del Interior».

«Al afirmar que fue un error renunciar al uso de la fuerza, consideramos que refuerza la estrategia de convertir a las víctimas en victimarios», agregan detallando que esto responde a «un nuevo intento de criminalizar las masivas movilizaciones por demandas sociales irresueltas».

En consecuencia, agregan, «obviar las prácticas institucionales generalizadas como golpizas, disparos de perdigones, traumas oculares, atropellos, desnudamiento de NNA y mujeres, abuso sexual, entre otras prácticas documentadas por informes de organizaciones como el INDH, Human Rights Watch, CIDH, es revivir nuevamente el dolor y acentuar la percepción de abandono en el que encuentran».

«Recordemos que, de acuerdo con cifras del propio Ministerio Público, de las 10.588 investigaciones judiciales por denuncias en este sentido, existen a la fecha sólo 27 procesos en donde se ha logrado condenar a los agentes responsables», recalcan luego.

Por último, apuntan al reciente cuestionamiento a las pensiones de gracia otorgadas como medidas de reparación por violaciones a DD.HH., asegurando que «esto contraviene a la doctrina, por lo que organismos como Amnistía Internacional han señalado sus reparos a esta medida, toda vez que esta responde a un daño real o potencial causado por agentes del Estado, asociado a un correlato físico, psíquico y social que debe ser abordado de manera integral considerando medidas orientadas a la indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación de las víctimas y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica».