Informe académico aboga por respaldar discusión de ley que regule uso de la fuerza policial

La agenda de seguridad, implementada por el Ejecutivo junto al Congreso, fue materia de revisión del Centro de Estudios Justicia & Sociedad (CJS) de la Universidad Católica (UC), instancia que a comienzos del 2023 convocó a un Consejo Transversal para la Política de Seguridad y Justicia, cuyo análisis se oficializó durante las últimas horas.

Con el propósito de constituirse en un insumo concreto para la discusión legislativa en materia de seguridad en Chile, el informe consideró una revisión de varias de las iniciativas legales en cuatro ámbitos de la seguridad: políticas policiales, persecución penal, institucionalidad y crimen organizado.

«Si bien la agenda priorizada que motiva este informe se centra en iniciativas legislativas, un enfoque puramente normativo y enfocado en una discusión legislativa es insuficiente porque no considera el contexto de la práctica policial», detalla el reporte que aboga porque los proyectos tengan como fin último generar un mejor funcionamiento de la policía, además de que el debate se centre en cómo mejorar lo que se dispone actualmente.

Paralelamente, se apunta a un correcto diagnóstico que «permitiría identificar problemas internos graves como acoso laboral, carencia de salud mental ocupacional, deficiencia en el equipamiento, inexistencia de planes de entrenamiento constante en el uso de la fuerza y elusión de responsabilidades de quienes conducen las instituciones, todo lo cual tiene un impacto en el uso de la fuerza».

Mejora del desempeño policial

Planteando que «debiese tener preponderancia la discusión sobre la naturaleza de las instituciones policiales que se necesitan, las funciones netamente policiales y otras demandas que puedan ser cumplidas por otras instancias y que actualmente implican una alta carga laboral para las policías, afectando sus tareas principales», el análisis de la UC apuesta por evolucionar hacia «una discusión equilibrada y profunda sobre las iniciativas legislativas actuales, aprobadas y en discusión» que permita allanar el camino para cambios mayores que mejoren el desempeño policial y que, de paso, contribuyan a mejorar la confianza en el sistema penal y de seguridad en general».

Considerando este contexto, se hacen recomendaciones específicas:

Citando el proceso político denominado ‘reforma policial’, para el Consejo «resulta relevante que se pueda determinar, cuanto antes, cuáles son los procesos que se deben rediseñar en todas las organizaciones policiales chilenas para identificar soluciones de largo plazo».

Asumiendo que el carácter o naturaleza militar de Carabineros es una característica altamente valorada por la propia organización policial, se establece que los alcances «en su funcionamiento no han sido debidamente examinados». En consecuencia, «sería importante determinar cómo la estructura y despliegue policial son influidos por esta característica de la cultura organizacional y sugerir (…) los ajustes pertinentes».

Responsabilidad de mando

Si bien la noción de mando existe, detalla el reporte, no se observa «un correlato normativo, ni práctico, directo entre esta capacidad de dirección y las responsabilidades que contraen quienes imparten órdenes».

De hecho, complementa el análisis, «cuando los policías cometen infracciones con ocasión del servicio, las instituciones optan por castigar al autor directo y no examinan la responsabilidad de los superiores. La solución al problema de elusión de responsabilidad es disponer legal y reglamentariamente la obligación de la cadena de mando de asumir responsabilidades en la planificación y supervisión de las operaciones policiales».

«Resulta útil a la función policial el registro audiovisual de sus actuaciones y se debe considerar que en estas iniciativas se limita la discrecionalidad de la labor policial», agrega el reporte planteando además que los recelos sobre su uso, «son cuestiones que debe solucionar la planificación e implementación policial para conseguir que la totalidad de los espacios en los que opera la policía, sean registrados de forma permanente y que esta información sea utilizada adecuadamente tanto por los mecanismos de control internos como externos».

Uso de fuerza con estándar internacional

Paralelamente, detalla el documento del análisis de la UC, «se estima conveniente apoyar el proceso de discusión de una ley que regule el empleo de la fuerza policial, de acuerdo con el estándar internacional para el uso de la fuerza».

En tanto, para mejorar la legitimidad y resultados de la función policial», es importante «uniformar los criterios para los funcionarios de distintas instituciones que deban cumplir funciones de policía».

A lo anterior, se adiciona la necesidad de «proteger al servidor público que debe emplear la coerción física, delimitar los efectos posiblemente dañinos de la fuerza, contribuir a implementar mecanismos de medición y evaluación del desempeño en el uso de la fuerza y delimitar las responsabilidades individuales, institucionales, y estatales por hechos dañinos en el uso de la fuerza».

Finalmente, en cuanto a la labor de la policía uniformada, el reporte de este apartado termina apuntando a la conveniencia de que «Carabineros se concentre en la ejecución de los roles que contribuyen a generar condiciones de seguridad para toda la población y derive los restantes a las agencias públicas correspondientes».

El reporte íntegro en el archivo adjunto: