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Incendios: U$742 millones requiere propuesta de reconstrucción de exasesores de Piñera

Por: Carolina Ceballos | Publicado: 14.02.2024
Incendios: U$742 millones requiere propuesta de reconstrucción de exasesores de Piñera Imagen referencial | Agencia Uno
La estrategia presentada este miércoles al Ejecutivo, considera una serie de variables a atender en el contexto del abordaje de la tragedia generada por los megaincendios que afectaron a la Región de Valparaíso a comienzos del mes en curso, entre las que destacan el rol del Serviu, sumado a un trabajo de prevención con «dos bases permanentes con brigadistas de Conaf».

Previo a su deceso, y a días de que se desatara la catástrofe de los incendios forestales en Viña del Mar, Sebastián Piñera le pidió a sus asesores que elaboraran un plan de reconstrucción que este miércoles entregaron a los encargados de esta labor de la administración de Gabriel Boric, encabezados por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.

«Este trabajo fue liderado por el Presidente Sebastián Piñera y un grupo de ex colaboradores poco antes de su fallecimiento. En su memoria, y la de los damnificados, hemos decidido entregarlo al gobierno y la opinión pública», se lee en el inicio del documento de 46 páginas surgido del trabajo coordinado por Karla Rubilar e Iván Poduje, que contó con la colaboración de Rodrigo Pérez Mackenna, Guillermo Rolando, Andrés Iacobelli, Cristóbal Mena, Jaime Bellollio, Juan Andrés Fontaine y Cristóbal Lira, entre otros.

Tomando en cuenta una estimación de 7.104 viviendas dañadas, la propuesta recalca que es fundamental «cumplir con los hitos que se prometen, avanzar por etapas mostrando logros, y cambios positivos», relevando la necesidad de quienes suman más de una década viviendo en campamentos, a la espera de una casa propia. «Es la oportunidad de saldar esa deuda», se lee en él.

Evitar la burocracia

Ya en una segunda parte, se alude a la amenaza que implica la burocracia en un proceso de esta envergadura. «Se debe definir una gobernanza para la reconstrucción, que clarifique la estructura de toma de decisiones», destaca entre sus ideas fuerza.

Paralelamente, los exasesores de Piñera apuestan por «simplificar la regularización de los títulos de dominio».

Otro aspecto importante que se releva, es la inconveniencia de que «se vuelvan a levantar los mismos campamentos sobre las zonas de riesgo y que los planes queden en nada», además del requerimiento «partir cuanto antes, considerando que el riesgo de un nuevo incendio sigue latente».

Posteriormente, se alude a un trabajo de coordinación eficiente con empresas y servicios relevantes para liderar la reconstrucción», por lo que «se sugiere que sea coordinado por el Ministerio de Obras Públicas (…) para garantizar que las empresas cumplan en tiempo y forma con sus planes de extensión».

Abordaje intersectorial

Para formular un plan de reconstrucción, «el primer paso es delimitar el área dañada y estimar el número personas damnificadas», se lee a renglón seguido en ella. 

Respecto del Jardín Botánico, que resultó íntegramente dañado, este aboga por un abordaje especial de reconstrucción, «debido a su importancia», mientras que el barrio industrial de El Salto también se destaca dado que a pesar de disponer de pocas viviendas afectadas, «cuenta con instalaciones de alto riesgo como depósitos de combustibles o fábricas de pintura».

Dada la envergadura del área dañada, se propone un trabajo en distintas áreas. «Existirían seis escuelas y jardines afectadas por el incendio que involucran unas 600 matrículas. Su reposición es una tarea urgente», asegura el documento.

Por otra parte, se apunta a la implementación de «Centros de Atención Vecinal Modulares», unidades que deben «combinar prestaciones de primeros auxilios, tratamientos médicos regulares y problemas de salud mental derivados de la tragedia y provisión de agua».

Respecto de su instalación, «es fundamental y deben estar operativos antes del primer mes de la tragedia» y que cubran «todas las zonas afectadas».

Regularización de propiedades

Los Comités de Vivienda y Regularización de Propiedades también son una instancia importante a trabajar, considerando que «además de las pérdidas humanas, los damnificados tienen pérdidas materiales significativas».

«En muchos casos se han quedado sin nada, y cuando habitan campamentos, ni siquiera tienen claridad sobre la propiedad del suelo», detalla la propuesta apuntando a que «la primera estrategia de contención debe ser despejar esta duda.

Atendiendo a la delimitación de las zonas de riesgo, se apuesta por una estrategia que considere una reducción de esta amenaza, «relocalizando campamentos con un solo acceso cercanos a quebradas de gran tamaño, abriendo calles que mejoren la conectividad entre barrios y con el resto de la ciudad».

Para agilizar este proceso, «se propone dividir el subsidio DS 49 en dos: uno de UF 600 para sitio y otro de UF 600 para la vivienda».

El levantamiento de aldeas provisorias es otra de las propuestas de la estrategia, en respuesta a la necesidad de trasladar «los hogares localizados en los campamentos que serán transformados en barrios y aquellos que serán relocalizados en nuevos proyectos».

Relocalización de asentamientos

La relocalización de asentamientos en zonas de riesgo es otro ítem en los que se apuesta por trabajar. «Se necesitarían aproximadamente 50 hectáreas para ubicar las 677 viviendas emplazadas en los sectores más complejos. Esto podría resolverse en los terrenos que tiene Serviu en Glorias Navales», detalla el documento.

Por otra parte, se aboga por»reforzar el rol de Serviu como entidad patrocinante, aplicando subsidios innominados para licitar diseño y construcción de obras de urbanización y loteo, junto a las viviendas.

A todo lo anterior se suma una estrategia de prevención de nuevos eventos como el que ya afectó a la zona, que considera el establecimiento de «dos bases permanentes con brigadistas de Conaf», cortafuegos y sistemas de monitoreo y limpieza.

Costos involucrados

Finalmente, respecto del cálculo estimado para la estrategia, se alude a «valores finales calculados para las distintas estrategias que suman una inversión total de USD 742 millones», del cual «45% corresponde a las 7.104 viviendas, asumiendo un valor promedio de UF 1.200 por unidad, sin considerar el costo del terreno, que se asume propio o fiscal para relocalización».

El detalle apunta a una obra de mayor complejidad, que es la «radicación de las 2.496 viviendas en campamentos, lo que considera la urbanización de 325 hectáreas, incorporando vialidad, macro infraestructura, movimiento de tierra y extensión de redes».

Para acceder a mayores detalles, se adjunta el documento íntegro de la propuesta:

 

 

 

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