Hasta el Presidente: Proyecto fija plazo para que altas autoridades se hagan test de drogas

Un proyecto de ley busca modificar la Carta Fundamental para obligar a las más altas autoridades del país a someterse a un examen de identificación de uso y consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, en el plazo de 30 días, desde su entrada en vigencia, y sanciona con la cesación inmediata en el cargo si el examen da positivo.

Es importante destacar que el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.

Los patrocinadores de la moción argumentan que es necesario, ya que la Constitución Política de nuestro país obliga a cualquier funcionario público a tener una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Además, agregan a lo anterior que con la sensación de inseguridad que ha alcanzado cifras nunca vistas y con la gran presencia del crimen organizado y el narcotráfico, resulta imperioso garantizar a la sociedad la idoneidad de las autoridades de turno e imparcialidad a la hora de combatir integralmente este tipo de estructuras delictivas.

Junto con lo anterior, también se destaca como argumento para aprobar esta medida que hace un poco más de año la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el “Reglamento sobre Control de Consumo de Drogas”, que “establece la realización periódica de controles a los parlamentarios en ejercicio, con el objeto de elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, junto con evitar la comisión de delitos de narcotráfico u otros relacionados a estos, y cualquier relación entre la Corporación y las redes del narcotráfico que existan en el país”.

Sin embargo, apuntan que el reglamento anteriormente descrito no consideró sanciones proporcionales a la infracción y únicamente estableció para aquel parlamentario cuyo examen de drogas resultare positivo, el levantamiento del secreto bancario por el lapso de un año, medida disciplinaria que en opinión de las autoras de la moción resulta insuficiente para abordar la gravedad del problema y, por consiguiente, justifica implementar otras medidas más efectivas y proporcionadas ante tal infracción.