Tras 14 años promulgan ley que regula seguridad privada y busca certificación de guardias

La Ley de Seguridad Privada, promulgada el jueves después de 14 años en tramitación, establece las condiciones para un trabajo en conjunto entre seguridad privada y pública. Busca también la profesionalización de trabajadores de esta industria a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entidad que estará también a cargo de los procesos de certificación.

La Ley de Seguridad Pública fue despachada en noviembre de 2023 y su avance se logró gracias a su inclusión en la agenda priorizada del gobierno, convirtiéndose en 

El Presidente de la República, Gabriel Boric comentó en el acto de promulgación que “cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado, pero también todo el espectro de la política en Chile”.

¿Qué busca la ley?

La nueva norma regula el importante crecimiento de la industria de la seguridad particular en Chile, a través de distintas condiciones en cuanto a la integridad de los funcionarios, asimismo enfatiza en las facultades que se entrega a los guardias y vigilantes privados.

La ley norma también define el concepto legal de seguridad privada, así como estandariza el rol de esta misma en la industria, dejando en manos de la Subsecretaría de Prevención del Delito los procesos de certificación de guardias privados, modernizando la tarea a través de una plataforma informática.

En virtud de la protección de trabajadores de estos servicios particulares, la norma estipula que se considerarán agravantes penales a las personas que atenten contra la integridad física de los guardias y vigilantes privados, con penas que oscilan entre los 3 y los 5 años de presidio.

También especifica qué entidades deben contar con servicios de seguridad privada como bancos e instituciones financieras, al mismo tiempo que define los lineamientos para determinarlos. 

Por otro lado, se encarga de establecer las disposiciones necesarias para el control, la supervisión y la fiscalización del sistema de seguridad privada, acompañado de un marco de infracciones como sanciones.

Finalmente, se acota el concepto de ”evento masivo”, clasificando bajo este término a cualquier instancia que agrupe a más de 3 mil personas. Por otro  lado, también regula los derechos y deberes de los asistentes.