Buscan normar garantías para refinanciar deudas y calcular pagos mínimos de tarjetas

La Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto de ley destinado a abordar el sobreendeudamiento y fortalecer las medidas de prevención contra los fraudes bancarios.

Esta iniciativa, aprobada por unanimidad, busca apoyar a las familias que enfrentan una carga financiera abrumadora y promover una mayor transparencia y seguridad en el sistema bancario.

Una de las principales disposiciones del proyecto es la creación de un programa de garantías dentro del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para refinanciar deudas de consumo y comerciales, especialmente dirigido a la clase media.

Este programa incentivará a las instituciones financieras a reestructurar las deudas de aquellos que presenten una relación deuda-ingreso preocupante.

Además, se establece un nuevo mecanismo para calcular el pago mínimo en tarjetas de crédito, otorgando a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la autoridad para determinar esta cuota mínima.

El objetivo es asegurar que los pagos se destinen principalmente a la amortización del capital y no solo a cubrir intereses.

El proyecto también incluye medidas para prevenir los fraudes bancarios, introduciendo requisitos más estrictos para las reclamaciones por operaciones fraudulentas.

Se requerirá una declaración jurada del usuario y una denuncia ante las autoridades correspondientes para hacer efectiva la reclamación por fraude. Además, se limitará el período durante el cual se pueden desconocer las transacciones fraudulentas.

En cuanto a los recursos estatales, el proyecto amplía el Fogaes y el Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda, aumentando los fondos disponibles y extendiendo su duración hasta diciembre de 2024. Esto permitirá respaldar la construcción de obras públicas y facilitar el acceso a créditos hipotecarios para la compra de la primera vivienda.

El proyecto de ley aprobado fue enviado al Presidente de la República para su revisión, quien decidirá si formula observaciones al respecto. En caso de no hacerlo, el proyecto pasará al Tribunal Constitucional para su revisión final.