Desde su lanzamiento en noviembre de 2023, el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia ha sido un faro de esperanza para los familiares de desaparecidos en Chile.
Sin embargo, detrás de esta noble iniciativa se esconde una trama de irregularidades y tensiones en el Servicio Médico Legal (SML) que ha puesto en entredicho la integridad de la institución.
El reciente nombramiento de Tamara Alvarado como asesora de Gabinete del SML ha generado una ola de críticas y sospechas.
Tamara, hija de Gaby Rivera, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), ha sido contratada con un sueldo mensual de $2.700.000, lo que ha levantado interrogantes sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.
Pero esta contratación no es más que la punta del iceberg en una serie de irregularidades que han plagado la gestión de Marisol Prado, quien asumió como directora del SML en julio de 2023.
The Clinic reveló en un artículo publicado el 13 de abril una serie de problemas de gestión bajo el liderazgo de Prado, incluyendo denuncias por maltrato laboral, contratación de personal sin experiencia y decisiones arbitrarias que han minado la eficacia del servicio.
Funcionarios
Los funcionarios del SML han alzado su voz en medio de esta crisis, denunciando un clima laboral tóxico marcado por el hostigamiento verbal y el acoso por parte de la dirección.
Marisol Intriago, quien lideraba la Unidad de Derechos Humanos del SML hasta su disolución el 8 de abril, ha sido una de las voces más críticas, señalando el desconocimiento de Prado sobre las labores del servicio y su falta de interés en abordar las preocupaciones de los trabajadores.
La disolución de la Unidad de Derechos Humanos ha sido vista como un intento de silenciar las críticas y consolidar el control de Prado sobre el SML.
Esta medida, junto con otras modificaciones impulsadas por la directora desde su llegada, ha sembrado la incertidumbre entre los funcionarios, quienes temen represalias por alzar su voz.
La creación de una Fiscalía en lugar del Departamento de Asesoría Jurídica ha sido interpretada como un intento de blindar a la dirección ante posibles sanciones, desviando las denuncias y evitando la rendición de cuentas.
Los trabajadores del SML han expresado su frustración por la falta de respuesta a sus preocupaciones, denunciando un sistema de justicia interna que parece favorecer a los intereses de la dirección en lugar de proteger los derechos de los empleados.
AFDD
La reciente defensa de Prado por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha añadido un nuevo elemento de controversia a la situación.
La aparente connivencia entre la AFDD y la dirección del SML ha levantado sospechas sobre posibles acuerdos políticos y tráfico de influencias que podrían comprometer la integridad del servicio.
En resumen, las denuncias por maltrato laboral, nepotismo y falta de transparencia en el SML han sumido a la institución en una profunda crisis de confianza.
La tensión entre los trabajadores y la dirección ha alcanzado un punto crítico, con serias dudas sobre la capacidad de Prado para liderar el servicio de manera justa y efectiva.
Institución
Por su parte, el Servicio Médico Legal (SML) reaccionó con un extenso comunicado de prensa ante la polémica «relativas a medidas administrativas, reestructuraciones y contrataciones realizadas por la actual Dirección Nacional».
- Sobre la contratación mencionada, desmentimos tajantemente que esta se haya realizado fuera de norma. La profesional, asistente social, ingresó a través de revisión de antecedentes, para trabajar en el programa de reducción de brechas de salud mental, una problemática que afecta seriamente a nuestros usuarios y usuarias, y que es fundamental para el Servicio resolver.
- Su cargo depende de la Subdirección Médica, y fue contratada dada su vasta experiencia en gestión en instituciones públicas y privadas. Cabe señalar que es perito social acreditada por las Ilustres Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso, Rancagua y Talca. Su sueldo está fijado por el mismo Programa de Reducción de Brechas, solicitado en Presupuesto.
- Desde el año 2020 el SML ha venido desarrollándose bajo una Planificación Estratégica que impulsa la modernización del Servicio, llevando adelante una serie de acciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión institucional, con el fin de mejorar la respuesta del Servicio a la ciudadanía, entregar condiciones óptimas para la realización de la labor pericial y ajustarse a las normativas que rigen a nuestra institución.
- La directora nacional, Dra. Marisol Prado, ha debido reestructurar unidades, departamentos y funciones siguiendo una planificación estratégica y un plan de desarrollo que ha sido abordado de forma participativa con directivos, jefaturas, equipos de trabajo y las distintas asociaciones de funcionarios y funcionarias.
- Uno de estos casos es el de la Unidad de Derechos Humanos, que tras la situación conocida del hallazgo de las 89 cajas que permanecían en el SML desde 2019 y que hasta entonces no presentaba grandes avances en el ámbito pericial, impulsó a la Dirección a iniciar los sumarios e investigaciones correspondientes y realizar, durante 3 meses, un informe de diagnóstico, el que arrojó serias deficiencias y agotamiento en el equipo. Según señala este documento: “(…) Se observa una deficiencia en la asignación de tareas, responsabilidades y lineamientos por parte de la Encargada de la Unidad”.
- Ya con anterioridad, los mismos trabajadores del equipo señalaron en un memorándum que: “(…) el equipo, de forma consensuada, considera pertinente y urgente una reestructuración en la organización de nuestra Unidad, así como claridad en las tareas encomendadas, es decir, definir equipos independientes para el abordaje de casos de DD.HH., y casos criminales”.
- En lo que respecta a la reestructuración de esta Unidad, esta fue elaborada en conjunto con los trabajadores a través del Área de Gestión Institucional del SML, entidad técnica encargada de la implementación del Plan Estratégico de la institución. Es necesario señalar que esta reestructuración no ha implicado, en ningún caso, despidos o merma económica para los integrantes de dicha Unidad.
- En ese marco se ha creado una unidad específica exclusiva para la revisión de casos de víctimas de la dictadura, y otra dedicada a investigaciones criminales de alta complejidad, asumiendo así una nueva y moderna estructura que afronte la nueva realidad nacional en cuanto a temas de seguridad. Esto también implica descentralizar las acciones de la anterior unidad y generar distintos polos regionales para dar cobertura a nivel nacional.
- Estas dos unidades rescatarán la experiencia adquirida y el trabajo multidisciplinario de la anterior Unidad de DD.HH., respondiendo también a una necesidad manifestada por sus propios integrantes, de reducir su carga laboral.