Francisco Bravo por seguridad de fiscales: «30% ha sufrido amenazas o incluso agresiones»

El fiscal Francisco Bravo representa, en calidad de presidente del gremio, a 705 funcionarios de la justicia, es decir, 90% de la dotación nacional. Dado lo anterior, identifica que una de las mayores preocupaciones de sus colegas son las amenazas y agresiones de las que han sido víctimas.

Al mismo tiempo que asegura que no cuentan con un sistema de retiro voluntario, y que la dotación previa es inexistente, en contraste a la situación de los jueces.

En entrevista con El Desconcierto, Bravo aborda los principales desafíos para los personeros de la justicia hoy en día, haciendo especial hincapié en problemáticas que también incluyen protección a familias, infraestructura en su lugar de trabajo, como estacionamientos y accesos preferentes en los edificios de fiscalías, y la dotación de trabajadores.

-¿Hay denuncias de amenazas de muerte a fiscales?, ¿cómo manejan ese tema?

-Yo creo que esa es una de las preocupaciones que más nos tiene ocupados hace harto tiempo a los fiscales. Hace un par de años hicimos una encuesta, que contestaron cerca de 400 fiscales, en la que se reveló que cerca de 30% de los que respondieron habían sufrido amenazas o incluso agresiones en el ejercicio de sus funciones. El año pasado repetimos la pregunta y más o menos la tendencia es la misma. O sea, hay amenazas.

Hace muy poco me escribió un colega de la Región de Atacama señalando que un imputado lo había abordado en la calle, lo había amenazado, sabía exactamente donde vivía su familia.

Nosotros necesitamos, y esto lo he dicho yo varias veces, una política desde el Estado de seguridad y protección a los operadores de justicia, incluidos los jueces, defensores y fiscales.

-¿Y cuál sería ese protocolo?

-Una política que sea integral que tenga que ver, por ejemplo, temas de desplazamiento en los tribunales; hoy hay un convenio de seguridad firmado el año 2022, entre el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, que establece varios medidas respecto a los accesos a los tribunales, que tengan accesos diferenciados; el uso de los baños, los estacionamientos, pero también al interior del Ministerio Público nosotros acabamos de resolver un problema histórico que tenían los fiscales de Valparaíso, quienes afortunadamente a partir de los próximos días van a tener estacionamientos protegidos, porque la Fiscalía del Valparaíso es antigua, es un edificio antiguo patrimonial bien bonito, en calle Molina.

La asociación del año pasado hizo todas las gestiones para que finalmente los fiscales tuvieran un edificio protegido, financiado por el Ministerio Público, donde van a poder estacionar. Ese tipo de cosas que son, entre comillas simples, hay que hacerlas en todo el país. Hay algunas fiscalías que no tienen problemas, que fueron construidas en edificios nuevos, con suficiente estacionamiento, donde los colegas llegan en la mañana y están protegidos.

Seguridad

Yo trabajé en Curicó hace no mucho, y recuerdo llegar a las audiencias y me estacionaba afuera, en la vereda. Me estacionaba al lado del imputado, de su familia, y bajaba con las carpetas. Ese tipo de cosas, uno se pregunta, ¿por qué no será que ese fiscal de turno no puede estacionarse en el interior de las dependencias de los tribunales? Pero eso no era posible; hoy con el convenio que se firmó, reconociendo la voluntad del ministro Manuel Valderrama, se puede hacer y puede el fiscal tener un acceso distinto al del público.

-Para evitar exposición… Estamos en otros tiempos, con otro tipo de delincuencia y crimen organizado.

-Ese tipo de medidas se puede hacer, pero yo cuando hablo de una política, hablo de mucho más allá de eso. Estoy hablando de, por ejemplo, ¿qué pasa con la familia de un fiscal que ve casos de crimen organizado y tiene que trasladarse de una fiscalía regional X del norte al centro del país? ¿Qué pasa con el hijo que está estudiando? ¿Quién asume las consecuencias de realizar un trabajo que es una función pública? ¿O ese fiscal tiene que decir “chuta, mala suerte”? ¿El Estado le dice “si usted se quiere cambiar, mala suerte, allá verá si su hijo o hija sigue estudiando allá? O buscamos un mecanismo de solución institucional, no solamente en el caso de la buena onda: “ah, te vamos a hacer el favor de reubicar a tu hijo en tal lugar”.

Esto nos pasó. Es una realidad concreta. El fiscal me decía: “¿cómo le digo a mi hijo? ¿cómo yo le digo que pucha, te vas a quedar allá nomás, solo, arréglatelas nomás?”. Todo el mundo sabía que ese era el hijo del fiscal X. Lo ubicamos acá en la zona centro Santiago, yo fui a hablar incluso con la rectora de la Universidad de Chile. Finalmente, la Fiscalía lo resolvió.

-Más allá del caso puntual, todos tienen ese derecho…

-Por eso necesitamos una política nacional, no el caso a caso de “veamos si se puede”. Eso no sirve.

-Como gremio, ¿ustedes están en alguna otra batalla?

-Nosotros tenemos dos cuestiones que hemos planteado ya hace mucho tiempo. Una es que no tenemos carrera funcionaria de manera permanente, lo que es una absoluta injusticia. Lo otro que no tenemos es un mecanismo de incentivo al retiro a diferencia de los jueces, por ejemplo, que son nuestros primos. Trabajamos en el mismo sistema. Es una para paradoja, yo ya he tenido dos reuniones con la Dirección de Presupuestos (Dipres). Creemos que parece razonable y no tiene un costo económico. No es un tema de plata.

-¿Cómo es eso?

-Un ejemplo: un fiscal de 60 años se quiere retirar y es grado seis. Al colega que van a contratar de reemplazo no es grado seis, sino ocho, por lo tanto, van a ahorrar. En dos o tres años van recuperar la indemnización que le pagaron a ese fiscal de 65 años. Claramente no es un tema económico. 

Carrera funcionaria

-¿Y ese tema tiene que ver con la salida que se pareciera ver de fiscales a los que se ve defendiendo a «los malos», por así decirlo? Ellos conocen el sistema y puede haber tráfico de influencias…

-Por eso necesitamos una carrera funcionaria. Hasta 2015 hubo una importante fuga de fiscales, se fueron muchos. No tengo un número, pero incluso hubo una portada en una revista. Esto frenó el 2015 porque se estableció, entre comillas, una especie de carrera funcionaria, un sistema de ascensos y promociones, pero que termina el próximo año ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó antes de esa fecha: muchos colegas de grado ocho, que son grados bajos, van a decir “no tengo proyección en la institución, me voy a ir”. ¿Dónde se van? Al mundo privado, donde hay casos y me paguen bien y esos pueden ser casos de tráfico, de corrupción…

Entonces vamos a tener colegas sumamente bien entrenados durante 10 años en el Ministerio Público, que conocen la interna, al otro lado de la defensa, con todos los conocimientos, entrenamientos, capacidades y experiencia en contra de la persecución penal. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sido capaz de establecer incentivos tan simples como una carrera funcionaria permanente, no con fecha de vencimiento como el 2025, o establecer para los más viejos; esta pega es muy demandante y operativa, yo no me imagino siendo fiscal a los 65 o 70 años. Creo que es, además, una irresponsabilidad tener fiscales de esa edad. Es la hora de decirle al Estado que establezca una válvula de salida.

Formación

Otro tema es la necesidad de que haya una formación previa para los fiscales. Los jueces pasan por la academia judicial. Los fiscales no tienen ninguna obligación de ser formados previamente antes de asumir como fiscales. Son abogados, y punto.

También un mecanismo incentivo, o sea, que ingresen los mejores, gente que tenga altos estándares de formación. Hoy estamos en la discusión del proyecto fortalecimiento del Ministerio Público y el momento es ahora de hacer esas indicaciones que no vienen en el proyecto. Todo lo que he mencionado no está en el proyecto.

No hay una mirada estratégica ni sustantiva de decir “aprovechemos la instancia para establecer un proceso de formación obligatoria, que los mejores lleguen, que la gente tenga proyección en el interior”.

Este es el llamado al gobierno a que se ponga las pilas, porque son muchas iniciativas del Ejecutivo, no pasa por indicaciones del congreso.

-¿Ustedes han entablado conversaciones sobre esto?

Estamos machacando e insistiendo en que se que se hagan las indicaciones. Estamos en una primera etapa del proyecto, que ya se aprobó en la Comisión de Hacienda el Senado, pasa a sala, luego a la cámara, seguramente va a comisión mixta entremedio… queda harto camino por recorrer y el llamado también es a los legisladores que también le pidan al gobierno hacer estas indicaciones. Esto es para mejorar el sistema de justicia al final de cuentas, esto pasa por mejorar el sistema de justicia.

Esto va a ser un tema permanente por muchos años, para mejorar los estándares de investigación y la resolución de casos. Las tasas de homicidio, afortunadamente tienen una pequeña baja, pero no podemos relajarnos. El crimen organizado no da tregua ni espacio para que nos relajemos, pero la manera en la que vencemos al crimen organizado y cómo bajamos los homicidios es terminando con la impunidad.

-Se puede investigar, pero si no se logra una condena…

-En el homicidio no hay dos respuestas, hay una sola y es condenar a los responsables, esa es la única respuesta posible. Cero impunidad.