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Estado reparará con millonaria indemnización a hermanos torturados en cuartel de la Armada

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | Publicado: 30.04.2024
Estado reparará con millonaria indemnización a hermanos torturados en cuartel de la Armada Corte de Apelaciones (Imagen Referencial) | Agencia Uno
La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado la indemnización a dos hermanos por las torturas sufridas en 1976, subrayando la responsabilidad del Estado en reparar los daños causados durante períodos de represión y asegurando que la justicia puede prevalecer, incluso décadas después de los hechos.

En un fallo significativo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una indemnización de 160 millones de pesos para los hermanos Eduardo y Luis Armando Catalán Cavieres, quienes fueron detenidos y torturados por efectivos de la Armada el 30 de enero de 1976.

Este acontecimiento, que tuvo lugar en el cuartel Silva Palma de Valparaíso, es un recordatorio oscuro de la dictadura de Augusto Pinochet.

Los hermanos Catalán fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas durante su detención, un acto que dejó cicatrices profundas tanto físicas como emocionales.

Después de años de lucha por justicia, la corte ha reconocido finalmente la gravedad de sus sufrimientos al confirmar esta compensación por el daño moral experimentado.

El caso se centró en si los hermanos deberían recibir una compensación completa a pesar de haber recibido previamente un millón de pesos cada uno bajo una ley diseñada para ofrecer alguna reparación a las víctimas de tortura reconocidas oficialmente.

El fisco argumentó que este pago previo debería influir en la cantidad de la indemnización final. Sin embargo, el tribunal afirmó que el daño sufrido por los hermanos era de tal magnitud que el pago inicial solo debe considerarse como un gesto parcial de reparación.

La corte clarificó que el pago anterior bajo la Ley N° 20.874, que ofrece un aporte único para las víctimas de prisión política y tortura, no cubre completamente el daño moral sufrido.

Esta decisión subraya que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar una compensación completa que realmente refleje el trauma y el sufrimiento causados.

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